Según un informe de Greenpeace, la mortalidad infantil, el asma, las alergias, el cáncer, las patologías autoinmunes, el autismo, las discapacidades de desarrollo y las desordenes en la reproducción podrían aumentar debido a la exposición diaria a determinadas sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano.
«Legado Químico. Contaminación en la infancia» alerta sobre cómo están aumentando estas enfermedades no infecciosas a las que se cree que contribuyen factores medioambientales, dado que, aunque no se hayan podido identificar de forma específica, «existen pruebas de que son productos tóxicos que a niveles mínimos pueden tener efectos en la salud humana».
La toxicóloga inglesa que ha realizado esta investigación, Catherine Doney, ha analizado siete grupos químicos (alquilfenoles, bisfenol A, pirorretardantes bromados, parafinas cloradas, compuestos organoestánnicos, ftalatos y amizcles ) presentes en los siguientes productos que se usan de forma habitual: detergentes, CDs y DVDs, equipamiento electrónico, automóviles, equipo médico, moquetas, embarcaciones, PVC, juguetes, envases alimentarios, ropa, insecticidas, tabaco de mascar, geles de ducha, jabones, cremas de manos o perfumes.
Estos elementos sintéticos contaminan el aire, el agua, el suelo y la comida, porque persisten en el Medio Ambiente y se acumulan en los tejidos de varios animales. La exposición humana resulta preocupante, sobre todo, según explicó en rueda de prensa el director de Greenpeace, Juan López de Uralde, porque se produce desde la concepción y el útero materno.
Desde niños
La organización ecologista Greenpeace cree además que estas enfermedades podrían surgir en la niñez, «el periodo de la vida más susceptible a los riesgos químicos», porque se absorben estos productos de forma más eficiente al respirar el doble que los adultos en relación a su masa corporal. Los niños procesan más lentamente estas sustancias y las eliminan con menos eficacia (entre dos y nueve veces más lentamente que los adultos).
Greenpeace exige, por ello, una legislación europea «más dura» que aplique de forma «decidida» el principio de sustitución, para asegurar a los niños el derecho «a nacer libres de sustancias tóxicas», puesto que el riesgo en generaciones futuras puede ser «irreversible». El director de la ONG ha pedido al Gobierno español que ratifique el Convenio de Estocolmo, ya respaldado por el Parlamento español, para que entre en vigor. Señaló que, a pesar de que el Ejecutivo espera a que lo ratifique la Unión Europea, los Estados miembros lo pueden hacer independientemente, como lo ha hecho Francia.
