El presupuesto que cada año gestiona el Sistema Nacional de Salud (SNS) ronda los 60.000 millones de euros, mientras que cuenta con un déficit acumulado de más de 11.000 millones de euros que aumenta cada ejercicio. Un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y la consultora McKinsey and Company refleja que ese déficit podría superar en 2020 los 50.000 millones de euros. Para solucionar esta problemática, los autores proponen que los pacientes asuman una parte del coste de los servicios que utilizan.
Uno de cada cinco españoles tendrá en los próximos 10 años más de 65 años y la mitad padecerá alguna enfermedad crónica. Esto supondrá un aumento de costes para el sistema sanitario español, que «es insostenible con su esquema actual» y debe mejorar diversos aspectos, afirmó el socio director de McKinsey and Company y uno de los autores del estudio, Ramón Forn. Entre las cuestiones a mejorar, el estudio constata un «sobreabuso» asistencial en España, donde los ciudadanos acuden al médico un 40% más que en el resto de países europeos y una de cada tres visitas es innecesaria.
Los autores del informe proponen un modelo de sistema que, entre otras cuestiones, «responsabilice al paciente» de un uso racional de los servicios sanitarios, para lo que proponen la creación de un «ticket moderador» con el que cada paciente pague sus consultas en Atención Primaria y Urgencias. Su coste ha de ser fijo, a un precio bajo y en función de la renta y el nivel de cronicidad de cada paciente, explicó María del Mar Martínez, también autora del estudio. Además, la tasa debería ser entre cuatro y cinco veces mayor en las visitas a Urgencias para «filtrar la entrada no necesaria y reducir el tiempo de espera, pero nunca con efectos recaudatorios», añadió.
Experiencia en otros países
Otros países de la Unión Europea (UE) con sistemas nacionales de salud similares al español ya aplican esta medida, como Italia (donde se pagan 36 euros por visita al médico especialista), Portugal (con un ticket de 2 euros por visita en Atención Primaria y 3 euros si la consulta es a domicilio) o Suecia (entre 15 y 30 euros por atención especializada, en la que se incluye tratamiento y un día de hospitalización). En estos y otros países las mejoras han sido relevantes y la demanda asistencial se redujo entre un 5% y 15%, mientras que también se consigue reducir el gasto sanitario entre un 5% y 10%, puntualizó Martínez.
Los autores igualmente abogan por modificar el pago farmacéutico, para lo que proponen equiparar las contribuciones de los pensionistas a las de los enfermos crónicos y fijar un límite de contribución en «no más de 150 ó 200 euros» por año. Por otro lado, apuestan por la autonomía de gestión tanto de los centros sanitarios como de los propios profesionales, para lo que se incluye un sistema de incentivos que fomente una mayor responsabilidad sobre los resultados y que se involucren en ofrecer la mejor atención posible. Cada centro y profesional recibirían una partida presupuestaria en función del número de pacientes que atiendan dentro de su área sanitaria y de cómo gestionen sus recursos, detalló.
Para incentivar esta gestión de recursos, proponen que se establezca un «ranking público» de centros sanitarios en función de su desempeño clínico, calidad de sus servicios y eficiencia, lo que obligaría a todos a «esforzarse para no estar a la cola del mismo». Dicha clasificación sería accesible tanto para gestores como para pacientes y serviría para distribuir las partidas presupuestarias y, a su vez, para que el paciente pueda saber donde será mejor atendido en función de su problema.
