El Ejecutivo comunitario ha propuesto la modificación de la normativa sobre los productos dietéticos y los específicos para bebés, celíacos, diabéticos u otras necesidades nutricionales particulares, con vistas a mejorar la información a los consumidores y aumentar su protección. Las nuevas reglas sustituirían a la directiva vigente sobre alimentos dietéticos, cuya aplicación «difiere mucho entre los Estados miembros» y genera «distorsiones» en el mercado europeo, según afirmó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.
Bruselas defiende que productos como las barras adelgazantes, los complementos de proteínas o los alimentos sin lactosa pasen a ser cubiertos por la legislación comunitaria ya existente sobre nutrición y seguridad alimentaria. Esta propuesta legislativa refuerza además las disposiciones sobre alimentos destinados a grupos vulnerables que necesitan protección particular, y en especial, de los niños de hasta tres años de edad, de las personas mayores y de aquellas con condiciones médicas como desórdenes del metabolismo o enfermedades graves.
De este modo «se informaría mejor a los consumidores europeos y se lograría una legislación más clara», explicó el portavoz de Sanidad de la CE, Frederic Vincent. Para ello, se mantendrían las reglas sobre el etiquetado y la composición de los productos especializados o con fines médicos y, como novedad, se crearía una única lista de las sustancias y aditivos para estos productos y que tendrán que ser mencionados en el envase, señaló Vincent.
Este nuevo enfoque permitiría que los consumidores «puedan comparar los productos más fácilmente», así como que en los Veintisiete «se apliquen los mismos estándares altos de protección y de información de los ciudadanos», subrayó el comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli. El comisario señaló la necesidad de «abolir las reglas generales sobre productos dietéticos que se han convertido en confusas». Añadió además que esta medida favorecerá «el acceso al mercado de las pymes» y promoverá la innovación.
La propuesta, que para salir adelante deberá contar con el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, incluye un período de transición de dos años para permitir la adaptación de los productos a los nuevos requerimientos de etiquetado.
