Científicos, ecologistas, consumidores y sindicatos han valorado positivamente que el Gobierno español haya ratificado el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), que entró en vigor el 17 de mayo. Este mismo grupo demanda la puesta en marcha de mecanismos adecuados para impulsar la investigación sobre el estado de la contaminación por COP en España.
Según los firmantes de la valoración, de la «docena sucia» de sustancias que prohíbe esta regulación, los más deben preocupar son el DDT, los PCB y las dioxinas y furanos. A pesar de los escasos estudios disponibles en España sobre presencia de COP en seres humanos y alimentos, «entre un 80% y un 100% de la población española tiene concentraciones detectables de COP, como el DDE (degradación del DDT) o los PCB», reconoce Miquel Porta, presidente de Científicos por el Medio Ambiente (CiMA).
El experto reconoce además que «diversos estudios españoles indican que muchas muestras de carne, pescado, huevos, leche, mantequilla, queso y cereales contienen residuos de DDE, PCB, hexaclorobenceno, lindano y otros COP». La importancia del Convenio de Estocolmo radica en que es la única herramienta legal global capaz de proteger tanto el medio ambiente como a los consumidores frente a la amenaza de unos compuestos de elevada toxicidad y con gran capacidad de perdurar en el tiempo sin degradarse.
Hasta el momento, de los 150 países que han firmado el Convenio de Estocolmo, 64 ya lo han ratificado. El Convenio no entró en vigor hasta el pasado 17 de mayo ya que necesitaba ser ratificado por al menos 50 países. La ratificación española ha sido valorada de forma positiva por Amigos de la Tierra, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Científicos por el Medio Ambiente (CiMA), CCOO, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, UGT, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y WWF/Adena.
