En los últimos años, por desgracia, la relación entre las palabras “fraude” y “alimentos” se ha hecho cada vez más estrecha. En lo que va de esta década se han sucedido distintos casos de fraudes -y también supuestos- con los que la confianza del consumidor ha quedado tocada. Se disparan las dudas. ¿Este alimento es seguro? ¿Lo que dice la etiqueta es verdad? ¿Estamos comiendo lo que creemos comer? La industria alimentaria es la principal interesada en acabar con estos incidentes. En este artículo se presenta la situación a día de hoy en cuanto a la legislación alimentaria y el fraude en los alimentos en la Unión Europea.
El fraude alimentario ha existido desde que se elaboran y procesan los alimentos. Ya en época de los romanos se castigaba con severidad el aguado del vino. Sin ir tan lejos, de infausto recuerdo está el caso que se dio en los años 80 con el «aceite de colza desnaturalizado» y las fatales consecuencias que tuvo. Más reciente en el tiempo, en 2013, la denominada crisis de la carne de caballo puso de actualidad otra vez este tema y se considera de gran importancia lograr un enfoque global por parte de la Unión Europea para atajar estos problemas. Para profundizar en esta cuestión, el artículo ‘Fraude alimentario: ¿Qué le preocupa a la CE?‘ puede resultar de interés.
El Reglamento 882/2004 en el ámbito del control oficial de los productos alimenticios contempla la lucha contra el fraude en los alimentos. Hasta ahora, cada país ha llevado sus propias políticas en la materia y, por los resultados, no han sido de gran efectividad. En España, además del Real Decreto 1945/1983 que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, desde el pasado verano hay que incorporar a la lucha contra la estafa a la Ley 28/2015. Esta ley no solo se centra en aspectos vinculados con la defensa de la calidad alimentaria, también trata de prevenir los fraudes alimentarios siguiendo las recomendaciones de la UE, sobre la estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el fraude alimentario.
Los tipos de fraude más frecuentes
Los últimos datos disponibles se han publicado a finales de 2015 desde la EU Food Fraud Network (Red de Fraude Alimentario de la UE). Se pueden ver aquí.
Entre las cifras reflejadas en el documento, es muy destacable que algo más de 1/3 de los fraudes tienen por origen cuestiones vinculadas con el etiquetado, en concreto un 36%. También es interesante ver que el 50% de las situaciones tienen un carácter documental:
- Ausencia de documentación: 5%.
- Falsificación de certificados y documentos: 9%.
- Incumplimientos en materia de etiquetado: 36%.
La Unión Europea trata de limitar el gran impacto que tienen todos los incidentes que dan lugar a la estafa en los alimentos, dado que darle la vuelta a la situación es crítico para el sector alimentario, no solo por el impacto económico que tienen sino por la gran dificultad que supone recuperar la confianza del consumidor.
La UE no solo está tratando de mejorar la legislación alimentaria aplicable para que los fraudes alimentarios no sean rentables en términos económicos, sino que también se está preocupando por otras situaciones. Una buena muestra de ello es la cuestión que se planteó en el Parlamento Europeo en relación a los productos alimenticios «Made in Italy». Esto es un ejemplo que afecta a alimentos de la UE que gozan de prestigio y reputación (como los de calidad diferenciada o de ciertos países) y que es necesario proteger. Ahondando en este tema, tenemos que quedarnos con una cifra: 90 millones de euros. A este número ascienden las pérdidas que ocasiona el fraude en estos alimentos, según constató Origen España en un estudio publicado a finales de 2013.
Ejes de trabajo para reducir el fraude alimentario
Para tratar de minimizar todas estas situaciones, se trabaja en la revisión de la legislación alimentaria de aplicación al control oficial y, por lo tanto, al fraude. Algunos de los ejes que se plantean para afrontarlo son los siguientes:
- Acortar cadenas de suministro para lograr mayor transparencia y reducir las posibilidades de fraude.
- Considerando el carácter supranacional de los fraudes alimentarios, se propone potenciar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad (EUROPOL).
- Derecho Penal de los miembros con penas por fraude alimentario que sean efectivas, proporcionales y disuasorias.
- Publicitar los hechos por parte de infractores, de forma que los consumidores conozcan de inmediato quiénes están cometiendo este tipo de infracciones de la legislación alimentaria.
- Potenciar el papel del etiquetado de los alimentos para que todas las personas tengan el adecuado acceso a la información sobre el origen de los alimentos.
Buenas perspectivas contra el fraude
La legislación alimentaria y la represión de la estafa están conectadas desde el nacimiento del Derecho Alimentario y seguirán estándolo. No obstante, es necesario revisar el actual marco regulatorio de tal forma que permita afrontar un problema de tal magnitud como es hoy en día el fraude en los alimentos. La confluencia de un estricto cumplimiento de la legislación alimentaria existente (que ya contempla cuestiones como el etiquetado, la trazabilidad y demás elementos que inciden en el fraude) con una legislación adaptada a esta nueva realidad permitirá que todos los consumidores puedan recuperar la confianza en los alimentos que toman día a día, ya que el riesgo se minimiza muchísimo.
Por último, una buena muestra de la preocupación existente en esta materia es la intensificación en las inspecciones en defensa de la calidad alimentaria y para luchar contra el fraude en los alimentos, tal y como lo ha puesto de manifiesto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
