El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (UE), en Luxemburgo, ha dejado visto para sentencia el juicio que se ha desarrollado esta semana contra la Comisión Europea y el Consejo Europeo por su gestión de la crisis de las «vacas locas».
En 2001, 608 ganaderos españoles liderados por la organización COAG interpusieron una demanda contra las instituciones comunitarias en la que reclamaban 19 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados y 2,5 millones de euros por los daños morales derivados de su «ineficaz gestión» de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).
COAG encargó al bufete de abogados Roca Junyent el estudio de las posibles vías de reclamación contra las instituciones comunitarias por la crisis de las «vacas locas» y sus efectos sobre la pérdida de renta de los ganaderos. Dicho bufete concluyó que existía suficiente base jurídica para reclamar responsabilidades a la UE.
La demanda concluye que la mala gestión por parte de la Comisión y del Consejo impidió un mayor control de los agentes causantes de la propagación de la enfermedad fuera del ámbito geográfico donde se generó, lo que constituyó la causa directa de la crisis. A su juicio, existía una base científica suficiente que demostraba que las harinas de carne y huesos eran el vehículo de transmisión de la EEB.
