Los comedores sociales abren sus puertas a todos. Hasta hace unos años, los usuarios habituales eran personas en riesgo de exclusión social, pero ahora son frecuentes también quienes se han quedado sin empleo e, incluso, familias enteras con graves problemas económicos. El último informe de Eroski Consumer sobre Ciudades y exclusión social contiene una tabla comparativa con información aportada por los ayuntamientos sobre número de comedores y comidas, plazas, servicios disponibles y precio. Gestionados por instituciones públicas u ONG, su fin es conseguir que todos los ciudadanos coman, al menos, un plato caliente cada día. En algunos centros, incluso, se entrega ropa a las personas más necesitadas y se prestan servicios sanitarios y asesoramiento para ayudar a salir de esta situación.
Imagen: Rubén García Blázquez
«En España todos pueden comer». Éste es el mensaje que lanzan los organismos y entidades encargados de comedores sociales para atender las necesidades de las personas en situación de exclusión social, a quienes se han unido en los últimos años los miles de desempleados que no pueden beneficiarse de ayudas familiares. Las repercusiones de la crisis económica han cambiado el perfil del demandante de estos comedores económicos. «Ya no vienen solo las personas en situación de exclusión social o inmigrantes sin recursos económicos, sino que son muchas las familias que demandan un plato caliente debido a sus graves problemas contables», afirman desde el comedor de las Hijas de la Caridad en el centro de Madrid.
El incremento de la tasa de desempleo, los problemas para pagar la hipoteca cada mes o la ausencia de vínculos familiares son las principales causas que han favorecido el incremento de la demanda de este servicio social, activado en las principales poblaciones españolas. Cada vez es más elevado el número de personas extranjeras y desempleadas, así como mayores con pensión no contributiva, que acuden a estos comedores para destinar al pago del alojamiento el ahorro en los gastos de comida, tal como explica Concepción Dancausa, delegada de Familia y Servicio Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Cada vez es mayor el número de personas extranjeras y desempleadas que acuden, así como mayores con pensión no contributiva
Avalan esta constatación los datos que maneja Cáritas Española en su último informe sobre los efectos de la crisis económica en los indicadores de pobreza y exclusión social, realizado en el segundo semestre de 2010. Este estudio revela que más de nueve millones de personas viven en situación de pobreza en España, al no superar sus ingresos los 6.000 euros anuales. También se pone de manifiesto que en 2007 el 34,9% de la población estaba en situación de integración precaria, mientras que a finales de 2009 la cifra se disparó hasta el 46,3%. En dos años, el nivel de población en situación de pobreza moderada pasó del 16% al 19,6%.
Entre los grupos sociales más afectados por la crisis, figuran las mujeres. Esta encuesta confirma que en los dos últimos años se ha acentuado el perfil femenino relacionado con la exclusión social, en especial en algunas de sus formas más severas, y ha afectado también a los hogares más jóvenes, a los inmigrantes, a los hogares con personas dependientes y a los núcleos familiares vinculados a entornos geográficos o urbanos más deteriorados.
Oferta de servicios sociales
Las personas que necesiten dirigirse a los comedores sociales pueden solicitar esta ayuda tanto en dependencias oficiales como privadas y de carácter religioso, aunque con pequeñas variaciones. La gestión de estos centros corre a cargo de las Administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, además de ONG, fundaciones, asociaciones benéficas y entidades religiosas, como Cáritas española, Franciscanos, San Vicente de Paúl e Hijas de la Caridad, entre otras. A través de estos canales solidarios, las personas con graves problemas económicos pueden cubrir las necesidades de alimentación más elementales.
En algunos centros se entrega también de manera gratuita ropa de segunda mano en buen estado y se cuenta con servicios sanitarios y médicos para primeras necesidades, además de trabajadores sociales cuyo objetivo prioritario es ayudar a las personas que acuden todos los días, por medio de información y asesoramiento, a superar esta situación. En todos los casos, se reparten comidas gracias a los alimentos donados por empresas de distribución, donantes particulares, restaurantes y bancos de alimentos, sin que falten tampoco las ayudas oficiales por parte de la Administración municipal, en forma de subvenciones económicas para los centros privados y las ONG.
El Plan de Actuación frente a la crisis de Cáritas ha ideado, además, una modalidad de comedor económico que plantea la posibilidad de que algunas familias «se lleven los menús a sus domicilios en unos recipientes adecuados». Su idea es proporcionar «un menú completo de calidad en condiciones dignas», crear un espacio de encuentro entre personas y de conexión con el sistema de servicios sociales, y apoyar procesos individuales de mejora de personas en situación de vulnerabilidad, explica Cáritas Diocesana de Bilbao.
Los requisitos para acceder a estos centros sociales no son los mismos en todos los casos. Mientras en las entidades religiosas su acceso es libre y sin ninguna restricción, los centros que dependen de los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos exigen la presentación de un carné en el que figure que el beneficiario cumple con una serie de requisitos básicos: ser mayor de 18 años, disponer de ingresos inferiores a la Renta de Garantía de Ingresos y aceptar las normas de funcionamiento de los comedores. Otros exigen estar empadronado en el municipio donde se presta el servicio y en los comedores de Cáritas se puede solicitar una tarjeta facilitada a las personas derivadas desde los equipos de acogida de la organización o desde los servicios sociales de base municipales.
Mientras en algunas entidades el acceso es libre, otras exigen acreditar la condición de necesidad
Es posible rechazar a los demandantes que muestren alguna adicción al alcohol o sustancias tóxicas. Para evitar estos contratiempos, los demandantes deberán cumplimentar previamente una solicitud para acceder a las instalaciones, facilitada en ayuntamientos, barrios o centros sociales. Ésta deberá complementarse con una fotocopia del DNI, una fotografía y un justificante que acredite que se es beneficiario de la pensión o que se está en situación de desempleo. Otro tipo de comedores son los destinados a las personas mayores de 65 años o pensionistas que superen los 60, que en este caso deberán acreditar su condición a través del DNI.
En cualquiera de los casos, las normas pueden variar de un centro a otro en función de su naturaleza y ubicación geográfica, aunque en la mayoría se reparten las tres comidas diarias. Otros tantos se centran sólo en el almuerzo. No obstante, todos coinciden en una oferta gastronómica que consta de 2 o 3 platos, postre, pan y bebida (agua o vino). Eso sí, los horarios de acceso son muy rígidos y es frecuente que los demandantes puedan pasar varios minutos en la cola de espera, si bien en ocasiones se plantean varios turnos para atender a un mayor número de personas, gracias a la ayuda de personal voluntario, que comparte tareas con personal remunerado.
