Los últimos secuestros de cooperantes de Médicos Sin Fronteras, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura y Mundubat, entre otros, han puesto de relieve las condiciones de inseguridad en las que en ocasiones trabajan o, cuando menos, el riesgo al que se exponen. En el primer caso, dos trabajadoras logistas permanecen capturadas desde el 13 de octubre tras un ataque ocurrido en un campamento de refugiados en Dadaab (Kenia). A consecuencia del incidente, un conductor de la organización resultó herido. Apenas diez días después, en los campos de refugiados de Tindouf, se secuestró a una cooperante de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, un cooperante de Mundubat y otra compañera italiana, mientras que tres cooperantes más de una ONG danesa (Grupo de Desminado Danés) se convirtieron también en rehenes en el norte de Somalia. A estos hechos se suman otros tantos, hasta un total de 53 cooperantes españoles secuestrados en 15 años. Para evitar estos casos, las Organizaciones No Gubernamentales obligan a los cooperantes a cumplir unas normas de seguridad muy restrictivas, pero que resultan vitales para su integridad.
Riesgos de los cooperantes
El pasado 13 de octubre, dos trabajadoras expatriadas de Médicos Sin Fronteras (MSF) fueron secuestradas en los campos de refugiados somalíes de Dadaab, en Kenia. Este acontecimiento llevó a la evacuación de parte del personal internacional y a la suspensión temporal de las actividades en el campo de Ifo2. Diez días después, la noche del 23 de octubre, otros tres cooperantes de Mundubat, la Asociación Extremeña de Amigos del Pueblo Saharaui y la organización italiana CCISPP resultaron apresados en los campamentos de refugiados saharauis en el suroeste de Argelia. El día 25, el Grupo de Desminado Danés (Danish Demining Group, DDG) reveló el secuestro de tres cooperantes más en el norte de Somalia.
Este tridente de episodios similares cuestiona la seguridad del personal, pero sobre todo, deja a la población que atienden huérfana de ayuda. Ninguna de las organizaciones afectadas ha realizado declaraciones tras estos hechos, para no interferir en los procesos de liberación, aunque todas han destacado la importante labor que llevan a cabo los cooperantes en terreno. MSF ha reclamado la libertad de sus compañeras, mientras que Mundubat ha agradecido “las numerosas muestras de apoyo, solidaridad y cariño recibidas por parte de particulares, y de organizaciones e instituciones diversas”, y ha expresado su reconocimiento a las gestiones realizadas por las autoridades “en aras de lograr un feliz desenlace”.
Peor suerte han corrido tres trabajadores de ACNUR en Kandahar (Afganistán), donde el pasado 31 de octubre un ataque organizado contra las oficinas de la organización provocó su muerte y causó heridas a otros dos trabajadores. “Esto pone de relieve el alto riesgo al que están sometidos los trabajadores humanitarios en Afganistán”, señaló el Alto Comisionado, Antonio Guterres. ACNUR trabaja en Afganistán desde los años ochenta para facilitar el retorno de refugiados y prestar asistencia a los desplazados.
Protocolo de seguridad de los cooperantes
La Asociación Profesional de Cooperantes (APC) ha recordado estos días que los cooperantes son ante todo trabajadores de la cooperación en el exterior y, como tales, están “expuestos a todo tipo de riesgos, ya sean de carácter sanitario, accidental, psicológico, desastres naturales, secuestros y un largo etcétera difícil de prever de antemano”. No obstante, ha reconocido que la dificultad de prevenir estos riesgos no significa que no se pueda hacer “tomando las medidas más adecuadas al respecto”. Por ello, ha solicitado a los organismos implicados en la cooperación internacional para el desarrollo, tanto de carácter público como privado, “que se tomen muy en serio el establecimiento de estrictos protocolos de seguridad que prevengan los riesgos profesionales” para así asegurar que su intervención en las zonas más conflictivas “se realice en condiciones aceptables de seguridad, tanto para los cooperantes, como para los demás”.
El secretario de la entidad, Alberto Gómez, recuerda que el propio Estatuto del Cooperante, en su artículo 3, recoge la necesidad de “normas de seguridad básicas en el país de destino“. Sin embargo, considera que no todas las ONG (sí la mayoría) cuentan con documentos de seguridad por países. “De ahí nuestro llamamiento a todos para cumplir con esos protocolos o normas”, insiste.
Cada proyecto que pone en marcha una ONG en países ajenos al de origen tiene su propio protocolo de seguridad
Cada proyecto que pone en marcha una ONG en países ajenos al de origen tiene su propio protocolo de seguridad, que se suma a las normas generales previstas para todos los países. Estas directrices son de obligado cumplimiento para todos los cooperantes, que antes de partir a su destino deben firmar un documento o carta de principios en la que confirman que conocen las normas de seguridad y se comprometen a cumplirlas. “Tanto al comienzo de la misión como a su llegada a terreno, reciben instrucciones pertinentes en materia de seguridad que deben seguir estrictamente”, destacaba ya en 2007 Médicos Sin Fronteras (MSF), tras el secuestro de dos de sus expatriadas en Bossaso (Somalia).
Esta entidad trabaja de forma continua en el desarrollo de estos protocolos de seguridad y en la aceptación de la organización en los países donde actúa. Tal y como explicó tras el secuestro en Dadaab el presidente de MSF, José Antonio Bastos, cuando se registra un incidente de seguridad, en el terreno se crea un comité de crisis para gestionarlo. Según estos protocolos, se evacua al personal no esencial, mientras el staff esencial permanece para el mantenimiento de las operaciones, al tiempo que se evalúan la situación y los pasos que se seguirán.
La seguridad es un factor fundamental en cualquier misión. En ocasiones, las normas pueden resultar muy restrictivas y difíciles de cumplir, pero son vitales. La ONG con la que trabajan los cooperantes debe asegurarse de que esto sea así. Una de sus funciones es velar por la seguridad de sus empleados y estar siempre disponible para atender cualquier problema que pueda surgir durante la misión. Incluso, la persona responsable del proyecto está autorizada para retirar de su equipo a cualquier miembro que no respete las normas de seguridad.
Los cooperantes tienen prohibido conducir un vehículo y deben estar de vuelta en la casa a una hora determinada
“En general, la gente está muy protegida. Si hay la más mínima sospecha de inseguridad, se toman las medidas precisas”, aseguró a Eroski Consumer la responsable del departamento de Selección de Recursos Humanos de Acción Contra el Hambre (ACH), Silvina Campanini, tras el incidente registrado en 2007. De las casi 5.500 personas que trabajaban entonces con esta ONG, la organización solo había registrado una baja en toda su trayectoria. Fue el pasado 31 de diciembre de 2007, cuando un vehículo de la ONG recibió varios disparos en Burundi. En su interior viajaban una enfermera nutricionista y una psicóloga, que falleció poco después a consecuencia de las heridas.
Para evitar incidentes como este, en general, los cooperantes tienen prohibido conducir un vehículo. Siempre debe hacerlo un conductor profesional, que conozca bien las carreteras y caminos locales. Además, tienen una hora límite de regreso a la casa de la ONG, deben llevar siempre un teléfono o radio de contacto, ir acompañados en determinadas salidas y no frecuentar ciertos lugares públicos (en algunos países, está prohibido acudir a los mercados). Cada proyecto establece también unas normas concretas de desplazamiento: cuáles son las carreteras que se deben utilizar, en qué horario y cada cuánto tiempo debe establecerse contacto con la base durante un viaje, entre otras cuestiones. En contextos extremadamente inestables, estos protocolos se revisan casi a diario.
