Derechos humanos: ¿por qué no se cumplen?

La Declaración Universal de Derechos Humanos aboga por el reconocimiento y aplicación de estos a todas las personas. Sin embargo, más de 60 años después de su aprobación, no ha conseguido el objetivo que se proponía. Las buenas intenciones de aquel 10 de diciembre de 1948 no han sido suficientes para que el Día de los Derechos Humanos pueda considerarse una celebración. “Preferimos decir que es una conmemoración”, señalaba en la edición anterior Xavier Guerrero, adjunto a la dirección general de la Asociación para las Naciones Unidas en España. El último informe de Amnistía Internacional sobre “El estado de los derechos humanos en el mundo” analiza diferentes casos de “abusos” contra los derechos humanos en 159 países. Por ello, para Guerrero, el 10 de diciembre recuerda que “el marco en el que se conmemora el Día de los Derechos Humanos es crítico”.

Amnistía Internacional considera que las principales causas de vulneración de derechos son, entre otras, el subdesarrollo, la pobreza extrema, la desigual distribución de los recursos, la marginación, la violencia étnica y civil, la pandemia del VIH/sida y los conflictos armados. “No hay mayor negación de los derechos humanos que los estados de guerra, cuando los ciudadanos ni siquiera tienen derecho a la vida”, lamenta el presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat. Las guerras dejan cada año millones de personas muertas, heridas, refugiadas o desplazadas.

Cuando estalla un conflicto, se pone en riesgo el derecho a la vida, pero también otros tan básicos como la salud o la vivienda. La edición de este año del citado estudio lamenta que todavía se esté “muy lejos de dar pleno alcance a la justicia”, que debe alcanzar a casos de homicidio o tortura, pero también a la negación de derechos humanos fundamentales como la alimentación, la educación, la vivienda y la salud, “que todas las personas necesitamos para vivir con dignidad”.

El objetivo de la Declaración es ambicioso. Por ello, se está en el camino de lograrlo, pero no se han conseguido los objetivos que defiende. Los estados y las instituciones internacionales tienen que garantizar los derechos que proclama la Declaración, pero el respeto a estos es responsabilidad de todos los ciudadanos, que deben exigir que se reconozcan universalmente. “Si bien los Estados tienen la responsabilidad primordial de respetar, proteger e implementar los derechos tal y como han sido codificados por la ley, la responsabilidad en materia de derechos humanos es compartida por todo tipo de actores, incluida la sociedad civil y los individuos”, precisan desde la Federación de Asociaciones en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

No resulta tan imprescindible revisar el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como los instrumentos para su aplicación. Es necesario que los estados se comprometan en el cumplimiento de este texto, que está considerado el documento base de la dignidad humana. Una tercera parte de la población vive en situación de pobreza y así es muy difícil conseguir que se garanticen los derechos humanos. Pero hay que intentarlo. “Los estados son los que no cumplen, a pesar de que los 193 estados de todo el mundo están de acuerdo con la Declaración”, resume Guerrero.

La Declaración Universal de Derechos Humanos no tiene carácter vinculante, es decir, los estados no están obligados a cumplirla. Sin embargo, otro tipo de acuerdos sí son obligatorios: los tratados internacionales o regionales de derechos humanos. Respecto a los primeros, todos los países han estampado su firma en al menos un tratado internacional, mientras que otros también lo han hecho en acuerdos de carácter regional. Hay casos tan llamativos como el de Estados Unidos, que aún no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, o Afganistán, que se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero todavía en 2006 registró la muerte de mujeres que promovían la educación de las niñas y la detención de quienes infringían costumbres y convenciones sociales, de acuerdo a las ideas del anterior régimen.

Otro caso preocupante es el de Darfur, donde a pesar de firmarse un acuerdo de paz en 2006 los ataques se recrudecieron entre los rebeldes y los grupos armados que no suscribieron aquel acuerdo. La situación ha sido dramática en los últimos a pesar de que Sudán tiene ratificados, entre otros, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

Todavía el pasado año, Médicos Sin Fronteras realizó varias intervenciones de emergencia debido a “la escalada de violencia y los brotes de enfermedades” en el sur de Sudán. Las necesidades médicas, explica, “que ya estaban en niveles de emergencia en muchas partes del país, aumentaron durante el año”, casi a la par que los enfrentamientos entre distintas comunidades.

La vulneración de los derechos, a menudo, depende del desarrollo económico de un país. Una idea que comparte el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que critica la falta de atención mediática y desinformación que hay alrededor de algunos conflictos bélicos, así como el “desamparo” de estas zonas por parte de la comunidad internacional. Pero la vulneración de los derechos humanos no es una cuestión exclusiva de los países extranjeros. “Es absolutamente falso pensar que los derechos humanos se están vulnerando, sólo, a 4.000 kilómetros de nuestra casa”, apunta Guerrero. Las bolsas de pobreza que se registran en nuestro país son un ejemplo. “Hay personas que rebuscan entre las basuras por la noche y que no tienen una vivienda digna”, añade.

Ante estos hechos, Amnistía Internacional recuerda que los estados que han ratificado o se han adherido a un convenio son “parte” en ese tratado y, por tanto, están obligados a cumplir sus disposiciones. Además, asegura que los firmantes de esos acuerdos que aún no los han ratificado, tienen la obligación de no realizar actos “que menoscaben el objeto y el propósito del tratado”. La pregunta es ¿cómo se consigue que los estados cumplan?. “Empieza a haber mecanismos relacionados con cuestiones económicas. Una forma de entrar en los mercados internacionales es respetar los derechos de las personas”, responde Guerrero.

La creación el pasado año del Consejo de Derechos Humanos, que sustituye a la Comisión de Derechos Humanos, cuenta con defensores y detractores. Para Xavier Guerrero, ésta fue una decisión “muy positiva” puesto que el trabajo de la Comisión “había llegado a unas cotas de desprestigio muy grandes”. El Consejo es ahora el máximo organismo de defensa de derechos humanos. Está formado por 47 miembros, cuya elección requiere mayoría absoluta, es decir, los votos de todos los miembros de la Asamblea General. Otra novedad es que esta Asamblea puede suspender los derechos y los privilegios de cualquier miembro de Consejo si considera que ha cometido “graves y sistemáticas” violaciones de los derechos humanos durante su mandato. “Tenemos una esperanza importante en el trabajo de este organismo”, señala Guerrero.

Sin embargo, no todas las opiniones son favorables. Para José Antonio Gimbernat, el Consejo “no ha quedado consolidado adecuadamente”. Reconoce que la Comisión de Derechos Humanos “tenía sus déficits”, pero lamenta que las ONG estén “peor integradas” en el Consejo que en la Comisión. “Hay que esperar algún tiempo para ver si se consiguen avances, porque creemos que todavía no se ha mejorado el trabajo de la Comisión”, precisa. Los resultados de este trabajo se tienen que ver en todo el mundo, pero sobre todo en aquellos países en los que la democracia brilla por su ausencia. “África, por ejemplo, es un continente en el que existe un déficit muy importante de democracia y garantía de derechos humanos, pero también hay otros países de Latinoamérica que tienen constituciones democráticas, pero cuyas instituciones tampoco funcionan y los ciudadanos no tienen garantizados los derechos humanos”, subraya.

Amnistía Internacional describe como “frágil” la situación de los derechos humanos en África, aunque los conflictos armados disminuyeron en 2006. El continente cuenta con numerosos casos de limitación a la libertad de expresión y se han denunciado ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Asimismo, tampoco se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales, ni los derechos a la alimentación, al alojamiento y a la educación. En cuanto a América Latina, se la considera una de las zonas del mundo con mayores desigualdades económicas y una importante limitación en el acceso a servicios básicos como la salud y la alimentación. “El Estado no atiende las necesidades de extensas zonas rurales, sumiendo en el aislamiento y en la inseguridad a un gran número de personas”, censura la ONG.

Es difícil fijar una fecha que marque el momento en el que, como dice el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tenga todos los derechos y libertades proclamados en este texto, porque esa fecha depende del modo de actuar de cada estado. Ni siquiera se considera que los estados considerados democráticos garanticen los derechos a sus ciudadanos y ciudadanas al cien por cien, aunque el porcentaje sea muy elevado. Según Guerrero, mientras no se elimine la barrera de la discriminación por razón de sexo será difícil superar el resto de obstáculos, “porque ésta es una discriminación absolutamente básica. No elegimos ser hombre o mujer”.

En 2008 la Declaración cumplió 60 años, un tiempo en el que se ha avanzado mucho, pero que ha demostrado que es necesario avanzar más. El hecho de reconocer la universalidad de los derechos humanos ya es un gran paso, aunque no suficiente. “Nos preocupa que nuestra sociedad se esté acostumbrando a las violaciones de los derechos humanos, tanto en nuestro contexto como en otras latitudes”, afirman desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.