Los tópicos rodean a la inmigración. Son mitos que se crean a partir de creencias populares, pero adquieren carácter de realidad tras repetirlos y transmitirlos en la comunidad. Se considera que las personas inmigrantes generan desempleo, reciben más ayudas y protección de las administraciones y se esfuerzan poco por integrarse. Las consecuencias: se les rechaza como vecinos y se aboga por limitar sus derechos sociales y de ciudadanía.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó hace escasos días una sentencia que condenaba la actuación de varios agentes en Bulgaria por el trato «inhumano y degradante» a tres ciudadanos búlgaros de origen gitano. La organización que interpuso el recurso, la Fundación Romani Baht, denunció las maneras en que se comportaron al arrestar a los hombres. En su fallo, el Tribunal declaró que el uso de la fuerza fue «desproporcionado». «Creemos que ésta es una tendencia preocupante y esperamos que la decisión actual tenga un impacto positivo para la mejora de la situación», señaló el presidente de la Fundación, Mihail Georgiev. La condena la suscribe también Juan de Dios Ramírez-Heredia, presidente de la Unión Romaní.
La Encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación (UE-MIDIS) supone el primer trabajo de estas características en el ámbito comunitario. Para la elaboración del informe se han recopilado datos de 23.500 personas pertenecientes a minorías étnicas y grupos de inmigrantes, a quienes se preguntó sobre «sus experiencias de discriminación en la UE y la victimización que sufren en la vida cotidiana».
El mayor nivel de discriminación se detecta entre los romaníes y los africanos subsaharianos, que en su mayoría silencian lo ocurrido
Editado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el informe pretendía reunir datos suficientes para conocer la situación de las minorías en los Estados miembros. «Sin datos no es posible cuantificar la inclusión social de las minorías en las sociedades europeas, ni el alcance del trato discriminatorio», señala la Agencia. La encuesta recoge respuestas de grupos seleccionados de minorías étnicas y grupos de inmigrantes de los Veintisiete. A todos ellos se les consultó acerca de los casos de discriminación que detectan en la búsqueda de trabajo y vivienda, en los centros sanitarios y los servicios sociales, en los centros educativos, locales de hostelería y tiendas, y al realizar tareas cotidianas como abrir una cuenta bancaria u obtener un préstamo.
Los resultados fueron demoledores: los encuestados denunciaron un alto nivel de tratos discriminatorios. La discriminación en el empleo fue el ámbito en el que más casos se destacaron, aunque también se subrayó la situación en materia de educación: «Este hecho resulta especialmente alarmante debido a que la educación y el empleo remunerado son la clave para la integración y la inclusión social». A pesar de todo, la mayoría de las personas silencian lo ocurrido en ambos ámbitos y estos comportamientos no salen a la luz.
Los grupos que experimentaron el mayor nivel de discriminación fueron los romaníes y los africanos subsaharianos, casi un 20 % de los encuestados aseguraron haber sido víctimas de acoso grave al menos una vez en los últimos 12 meses. Los países con mayores casos de discriminación fueron República Checa, Malta, Hungría, Polonia, Grecia, Irlanda, Italia, Finlandia, Dinamarca y Portugal. Una de cada cuatro personas fue víctima de un delito.
Perjudicados por la crisis
En el estudio europeo, nuestro país no destaca entre los niveles más alarmantes de racismo, pero las advertencias se recogen en otros estudios. El informe 2009 sobre la «Evolución del racismo y la xenofobia en España», del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), relata cómo el escenario de crisis económica «asciende la percepción en exceso del número de inmigrantes» y «eleva la demanda, por parte de la población autóctona, de una política inmigratoria más restrictiva».
El escenario de crisis económica «eleva la demanda, por parte de la población autóctona, de una política inmigratoria más restrictiva»
La petición coincide, según destaca el informe, con información en la que se precisa la contención de los flujos migratorios hacia España: «La inmigración se vincula a trabajo, a pobreza y a desigualdad. Pero también a invasión y a impacto negativo en el mercado laboral». Se critica a las personas inmigrantes por favorecer el desempleo y se les exige como requisito prioritario una gran capacidad de integración, que se adapten al modo de vida del país de acogida.
Otro de los motivos por los que se manifiesta cierto rechazo a las personas inmigrantes se debe a la protección desde las administraciones públicas, que el resto de los ciudadanos aprecian mayor en su caso. Se les considera, incluso, el grupo más protegido y «se consolida su imagen negativa de detractor de recursos públicos». Se acusa a las personas extranjeras de la pérdida de calidad en la atención sanitaria y la escolar, entre otras prestaciones, y es a ellas a quienes se achaca el incremento del gasto público «que permita paliar los efectos negativos que se atribuyen a la inmigración».
La consecuencia de estas creencias es una opinión cada vez menos favorable a la concesión de derechos sociales y de ciudadanía, los principales para favorecer la integración, y un aumento del rechazo a las relaciones de vecindad. En total, de los 2.768 encuestados en 2008, el 37% se clasificó como reacio a la inmigración, un 33% como tolerante y un 30% como ambivalente. En 2007, las cifras fueron 37%, 29% y 34%, respectivamente.
La lucha contra la discriminación racial o étnica cuenta con varios aliados, diversos instrumentos legales entre los que destaca la Directiva sobre igualdad racial (2000/43/CE), “el acto legislativo más importante del Derecho comunitario”, recuerda la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Prohíbe la discriminación en el ámbito del empleo, la educación, la protección social (seguridad social y atención sanitaria) y el acceso y suministro de bienes y servicios. Contempla la promoción de la igualdad de trato, a través de la creación de órganos específicos, y su aportación al seguimiento de la aplicación de la Directiva.
