Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector

“Somos un interlocutor válido y permanente de la sociedad civil ante el Gobierno”

En este tiempo, la Plataforma del Tercer Sector ha sido capaz de articularse ante Gobierno, sociedad y tercer sector en torno a una voz fuerte y a una capacidad propositiva. Es la primera vez que el sector tiene una interlocución directa con el Ejecutivo, a través de la Comisión de Diálogo Civil, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Somos un interlocutor válido y permanente de la sociedad civil para plantear sus necesidades al Gobierno en relación a las políticas públicas en materia social. Gracias a esta interlocución, el sector consiguió poner freno a una reforma de la Ley de Subvenciones que hubiera puesto en riesgo a más del 90% de las organizaciones que atienden a los colectivos más vulnerables en España.

En este marco, hay que destacar la aprobación reciente del anteproyecto de la Ley del Voluntariado y de la Ley del Tercer Sector, en la que la Plataforma del Tercer Sector ha sido proponente y ha estado presente en el proceso de discusión y elaboración del texto, en el que se ha contado con la participación de las entidades. Sin embargo, todavía quedan muchos retos, como la aprobación por parte del Gobierno de un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que es una de las principales reivindicaciones de la Plataforma del Tercer Sector, que ya le ha remitido su propuesta.

Es un plan que contempla medidas relativas a empleo, vivienda, educación, sanidad, pobreza infantil o eficiencia energética, complementadas con una política de rentas mínimas que garantice una vida digna para todas las personas. Con medidas individuales no será posible resolver una situación que, a lo largo de estos años, ha dado como resultado las peores cifras de desigualdad y exclusión en nuestro país. En España, según los últimos datos, hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión. Esta es una situación estructural a la que hay que hacer frente sin demora.

Estaría integrado por, al menos, el 5% del total del presupuesto global de cada comunidad autónoma, un porcentaje que hemos calculado que equivaldría a cerca de 7.000 millones de euros. El objetivo de este fondo es que sirva para financiar estrategias, programas y proyectos que atenúen el impacto social de la crisis económica de los últimos años y en cuyo diseño, despliegue y evaluación colabore activamente el tercer sector de acción social de cada territorio. Es una medida que presentaremos a todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones autonómicas. Será una cuestión de voluntad política ponerla en marcha.

“Un 6,2% de los ciudadanos viven en una situación de privación material severa”

Un impacto muy negativo, que ha abocado a muchas familias a vivir en situaciones de pobreza y exclusión y ha ahondado en la desigualdad social en este país. Hay personas que atraviesan una situación de pobreza severa y las cifras no mejoran. Desde el año 2009, la cifra de personas en riesgo de pobreza o exclusión en España se ha incrementado un 2,6% y un 6,2% de los ciudadanos viven en una situación de privación material severa.

A pesar de que las cifras del paro en 2014 han sido inferiores a las del año anterior, los datos dicen que en 2013 el 11,7% de las personas en situación de pobreza tenían empleo, lo que demuestra que no cualquier trabajo protege de la exclusión. Por tanto, hablamos de una situación que hay que abordar de forma estructural y sin demora porque, si no hay una lucha directa para reducir la pobreza y las desigualdades, no se solucionará la crisis social y no se saldrá de la crisis económica.

La crisis ha provocado un considerable aumento de las personas a quienes atiende el sector, pero los recortes en el gasto público nos dejan con menos recursos. Pese a ello, seguimos trabajando cada día en favor de millones de personas porque entendemos que la defensa de los más vulnerables, la protección de los derechos sociales, no puede ser desatendida cuando más necesario se hace. En la actualidad se presta servicios de apoyo a más de cinco millones de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, aunque los recortes y las demoras en los pagos han terminado con los recursos básicos para llegar allí donde las instituciones no llegan.

España es un país solidario, de eso no hay ninguna duda. Siempre ha sido así, aunque quizá esto se haya acentuado con la crisis. En todos los informes, España se sitúa siempre en las primeras posiciones. La solidaridad y el compromiso se ven en la calle, lo demuestra la sociedad civil cada día. Hay una mayor conciencia ciudadana ante los problemas que sufren los colectivos más vulnerables, algo que ya era notorio, pero que se ha puesto de manifiesto en mayor medida si cabe con la crisis económica. Hay una parte de la ciudadanía que no quiere ser un mero observador y quiere ser parte activa en la sociedad.

En el grueso de más de 29.000 entidades que forman el Tercer Sector de Acción Social, hay organizaciones que defienden esos sectores. A través de las plataformas y entidades fundadoras, encontramos entidades que luchan en defensa de la igualdad de género, por la no discriminación de las personas migrantes o por la erradicación de la pobreza infantil.

Recientemente, la Plataforma del Tercer Sector ha aprobado una reforma de Estatutos en la que se contempla la posibilidad de incorporar nuevas organizaciones. La voluntad inicial de la Plataforma ha sido sumar esfuerzos y llevar a cabo una política de colaboración con todas las entidades que lo desearan, de cualquiera de las formas que están previstas. En este sentido, ha habido solicitudes de incorporación que se están evaluando y que pronto entrarán a formar parte de esta gran familia como entidades de pleno derecho.

Es una relación de cooperación y colaboración. Es un tejido cohesionado en la defensa de las necesidades de millones de personas y ese es su mayor activo. Gracias a esta cohesión, la Plataforma del Tercer Sector ha sido capaz de articularse en torno a una voz fuerte y a una capacidad propositiva ante Gobierno, sociedad y tercer sector.

“En algunas comunidades, el copago exige a las personas usuarias que abonen el 90% del servicio o prestación”

La Plataforma está y estará siempre apoyando las que considera causas justas y todas aquellas iniciativas a favor de los colectivos más vulnerables de nuestro país. En este caso, el copago en dependencia está llevando a que muchas personas sean expulsadas del sistema de protección social por la imposibilidad de hacer frente a sus exigencias económicas. Hay casos en los que el copago exige a la persona usuaria que aporte casi todo lo que tiene. En algunas comunidades, llega al 90% del servicio o la prestación, en su mayoría necesaria para que la persona lleve una vida digna.

La reforma legal que plantea el CERMI es de justicia porque propone medidas como un mínimo exento para que quien no alcance esa capacidad económica no copague. Además, la reforma plantea algo muy importante: que estos criterios estén en la ley nacional y, por tanto, sean aplicables a todos los territorios para asegurar la igualdad real y efectiva, sin agravios por razón de residencia.

La Ley del Tercer Sector constituye un paso muy importante. Disponer de una ley reguladora proporciona identidad, estabilidad y apoyos. Es una ley necesaria, que se ha hecho esperar demasiado tiempo y que supone un reconocimiento a todas las organizaciones sociales que trabajan cada día por atender las necesidades de más de cinco millones de personas. Pero también es una ley que fomenta en la sociedad los valores y principios del sector, subrayando la necesidad de promover mayor compromiso y participación social. La normativa define las especificidades y principios del sector, las medidas de fomento y apoyo para sus entidades, así como sus relaciones con la Administración, con el fin de intensificar su participación en el diseño de las políticas públicas estatales en el ámbito social. Ha sido un camino de diálogo. La Plataforma del Tercer Sector ha impulsado y seguido el desarrollo del anteproyecto de Ley, aportando la visión y las necesidades de un sector compuesto por cerca de 30.000 organizaciones.

No obstante, a pesar de la importancia de este primer paso, todavía queda un camino. Confiamos en un desarrollo posterior adecuado de este anteproyecto y el de la Ley de Voluntariado, que cuente con las aportaciones del sector. Asimismo, esperamos que el inicio de la tramitación de la iniciativa legislativa sirva para ampliar y mejorar determinados aspectos. Para esto es imprescindible que las fuerzas políticas y los grupos parlamentarios tengan voluntad de consenso y compromiso para sacar adelante estas normas antes de que concluya la legislatura. Del mismo modo, es necesario seguir reclamando al Gobierno la concreción de un sistema de financiación justo, adecuado y sostenible que permita al sector seguir desarrollando nuestra labor social.