La situación de los niños en España empeora. UNICEF y Save the Children han mostrado su preocupación y han elaborado un listado de propuestas para paliar esta realidad. En este artículo se destacan las cinco alternativas defendidas por ambas entidades: prevenir la violencia contra la infancia; reducir y mitigar los efectos de la pobreza; mecanismos para prever el impacto de ciertas decisiones sobre la situación de los niños; reforzar el Observatorio de la Infancia; y garantizar que la cooperación dé un tratamiento integral a las cuestiones de los más pequeños.
Save the Children (STC) y UNICEF se han unido para, una vez más, ser la voz de los más pequeños. Ante la preocupación por las tasas de pobreza en nuestro país y sus consecuencias en los menores, han elaborado un listado de cinco propuestas para mejorar sus condiciones y defender los derechos de los niños.
1. Prevenir la violencia contra la infancia
La violencia contra la infancia no solo es física y se puede manifestar en el hogar, en la escuela o en Internet
Ambas entidades aseguran que esta realidad «ha permanecido durante mucho tiempo oculta«, por lo que apenas se conoce o está documentada. Solicitan «una atención específica, adecuada y coordinada» para evitar el impacto negativo que tiene en el desarrollo y recuerdan que no solo se puede registrar en el hogar, sino también en la escuela y en Internet, un ámbito que en los últimos años ha preocupado por la posibilidad de que los menores sufran ciberacoso. Y es que la violencia adopta varias formas, no solo es física.
En el contexto de crisis, se piden recursos para prevención, detección precoz y atención, junto con una Ley integral que permita «estándares mínimos comunes» para la intervención de todas las administraciones públicas. Se defiende la prevención y la coordinación como vías para detectar en el ámbito educativo, sanitario y de los servicios sociales cualquier tipo de violencia contra la infancia.
2. Mitigar los efectos de la crisis en los niños y sus familias
La situación económica de los padres, de las familias en general, influye de manera directa en los niños. Por ello el desempleo es uno de sus peores enemigos. Un 27,2% de los menores de 18 años vive en un hogar por debajo el umbral de la pobreza (menos de 15.820 euros anuales), un 14,4% registra pobreza alta (menos de 10.512 euros anuales) y un 30,9% estaba en 2011 en riesgo de pobreza o exclusión, según datos del INE y Eurostat, citados por STC y UNICEF.
Esto preocupa sobre todo porque, debido a su vulnerabilidad, el impacto de la pobreza en los pequeños puede tener consecuencias a largo plazo sobre su desarrollo físico, intelectual y social. Por eso se proponen medidas para impulsar la mejora de los servicios y el estado de las familias. Se apuesta por incrementar el importe y la ampliación de la cobertura de las ayudas por hijo a cargo de la Seguridad Social, mejorar la cobertura de las becas de comedor y de libros, facilidades para el acceso al empleo de los adultos con hijos a cargo y mejora de los servicios de primera infancia, que atienden a los niños de 0 a 3 años, así como su accesibilidad a familias con menos recursos.
3. Normas a favor del bienestar y los derechos de los niños
Cuando se toman decisiones, no solo es frecuente que los menores no participen en el proceso sino que, en ocasiones, ni siquiera se les tiene en cuenta. Esto sucede tanto en aspectos «considerados de infancia» como en otros que «pueden tener un fuerte impacto sobre ellos». El Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas recomendó en 2010 «medidas adecuadas para asegurarse de que el principio del interés superior del niño oriente todas las medidas y decisiones que adopten los gobiernos central y autónomos». UNICEF y STC hacen de nuevo hincapié en ello.
Analizar las consecuencias que las medidas adoptadas tendrán sobre los pequeños ayuda a «mitigar o neutralizar los efectos negativos y potenciar los positivos» contra la pobreza infantil. Así se podría responder a sus intereses y necesidades, anticipar consecuencias «negativas y costosas», pero ante todo, se podría mejorar la coordinación de políticas e involucrar a los niños y a sus familias. Se propone que la legislación y las disposiciones normativas cuenten con un informe de impacto sobre la infancia para tener en cuenta el interés superior y fomentar su no discriminación.
4. Reforzar el Observatorio de la Infancia
La recogida de datos permite acceder a información de relevancia sobre los niños
La propuesta es clara: reforzar las funciones y recursos del Observatorio de la Infancia y que cuente con un centro de estudios para la protección de la infancia. Este organismo tiene como función la protección y la prevención de situaciones de necesidad en este colectivo, por lo que resulta estratégico para impulsar la investigación y la recogida de datos necesarias para acceder a toda la información de relevancia respecto a los niños.
5. Cooperación con un tratamiento integral de las cuestiones de infancia
Más de la mitad de la población de los países en vías de desarrollo son niños. De hecho, el IV Plan Director de la Cooperación Española recoge el compromiso para adoptar la Estrategia de Infancia, «una oportunidad histórica para conseguir un tratamiento integral a la infancia». En este contexto se propone un compromiso para «proteger» las partidas presupuestarias destinadas a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y se anima a impulsar el objetivo del 0,7%. Pero además se estima importante defender esta posición en los foros multilaterales «oportunos», para dar visibilidad «a los grandes retos que afectan a la infancia en el mundo, como las altas tasas de mortalidad de menores de 5 años o la desnutrición infantil«.
El principio del interés superior del niño se recoge en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este texto defiende que se tenga en cuenta “en todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos“. Su función principal radica en ser el instrumento que debe guiar las actuaciones de las administraciones. Sin embargo, UNICEF y STC aseguran que los pequeños no son todavía claves en la toma de decisiones normativas, políticas o administrativas.
En los hogares con padres con un nivel de estudios bajo, los hijos tienen un 48% de probabilidades de riesgo de pobreza
Por su parte, Fedaia considera necesario invertir en infancia. Propone duplicar el presupuesto destinado a políticas de infancia y familia, pero también hace una apuesta por la educación para incrementar el porcentaje del PIB que se dedica a educación: “desde el 4,7% actual, a la media europea de un 6,2%”.
La educación es una pieza fundamental. El hecho de que los padres tengan estudios aumenta la posibilidad de que los hijos también. Fedaia detalla que, según un informe de Eurostat, en los hogares donde los progenitores tienen un nivel de estudios bajo, los hijos alcanzan un 48% de probabilidades de riesgo de pobreza. Mientras que en los hogares con padres con un nivel de estudios medio, el porcentaje desciende al 25%. Entre sus propuestas, junto con las anteriores, figuran reforzar los mecanismos para una segunda oportunidad a los adolescentes y potenciar el refuerzo escolar, el acceso a libros y material escolar, así como la escolarización pública gratuita hasta los 3 años.
