REDTEL es la asociación de operadores de telecomunicaciones con red propia que agrupa a Ono, Orange, Vodafone y Telefónica. Su objetivo, según explica la directora general, Maite Arcos, es transmitir la opinión de sus socios sobre los asuntos de interés común. Como portavoz de los principales operadores de telecomunicaciones de España, Arcos destaca su postura en la reciente polémica por la anulación de las tarjetas de prepago cuyos dueños no se habían identificado. También aborda las posiciones de los proveedores de acceso ante las descargas desde las redes P2P, la eurotarifa de roaming o la neutralidad de Internet. Además, aprovecha la entrevista con CONSUMER EROSKI para reivindicar una mayor cesión de espacio en el espectro radioeléctrico de cara al futuro.
Aunque aumentó de manera espectacular la afluencia de usuarios en los últimos días, el dato más reciente del que disponemos indica que, de modo aproximado, tres millones de usuarios no llegaron a tiempo para identificarse antes de la fecha final que marcaba la Ley de Conservación de Datos (9 de noviembre). No obstante, gracias al acuerdo alcanzado in extremis entre el Ministerio del Interior y REDTEL, estos usuarios podrán recuperar su servicio si se identifican en los próximos seis meses.
“De modo aproximado, tres millones de usuarios no llegaron a tiempo para identificarse antes de la fecha final que marcaba la Ley de Conservación de Datos”
La Ley de Conservación de Datos es fruto de la transposición de una directiva comunitaria. Se suma a otras obligaciones de servicio público que la normativa española impone a los operadores de telecomunicaciones. Las obligaciones de este tipo que cumplen los operadores y que benefician a la sociedad española en general son muchas, como la localización de las llamadas al 112.
Los operadores siempre están dispuestos a colaborar y poner a disposición de la sociedad las mejoras tecnológicas que puedan hacernos la vida más fácil. Lo único que pedimos es que todas las iniciativas que el Gobierno considere que pueden mejorar la vida en sociedad y que requieran la colaboración de los operadores de telecomunicaciones, se financien con el presupuesto público, como cualquier iniciativa gubernamental destinada a incrementar el bienestar social.
Estamos convencidos de que todos los usuarios que ahora descubran que han perdido el servicio de su línea móvil de prepago, porque no llegaron a tiempo para identificarse antes del 9 de noviembre, serán informados de que tienen la oportunidad de recuperar el servicio, si se identifican, hasta abril del próximo año y no se producirán bajas indeseadas.
“La ley exige que los datos personales sólo pueden ser utilizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tras la orden de un juez”Los usuarios pueden estar tranquilos. Los operadores de telecomunicaciones respetan con escrúpulo la normativa de protección de datos española que, no sólo es muy exigente, sino que cuenta con la estricta y activa vigilancia que ejerce la Agencia Española de Protección de Datos. Pero además, respecto a la información que ahora se recaba en cumplimiento de la Ley de Conservación de Datos, estos cuentan con una protección especial establecida en la propia ley, que fija unas condiciones más exigentes de seguridad en la conservación. Dispone que sólo puedan ser utilizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sólo tras la orden de un juez. Por otro lado, estos datos en ningún caso los usarán los operadores con fines comerciales, ni ningún otro agente que no sea un agente policial con orden judicial.
“Proponemos que la ampliación del servicio universal se financie a cargo del presupuesto público y no suponga un coste adicional para las empresas”
Internet ya forma parte del servicio universal, como establece la Ley General de Telecomunicaciones española, que sigue las directrices marcadas en las directivas comunitarias. Esa universalidad del servicio la financian las empresas de telecomunicaciones a través de sus contribuciones al Fondo de Financiación del Servicio Universal.
Proponemos que si se quieren ampliar las prestaciones incluidas en el servicio universal más allá del contenido de las directivas comunitarias, esa diferencia se financie a cargo del presupuesto público y no suponga un coste adicional para las empresas, es decir, que las compañías españolas de telecomunicaciones, en un entorno de crisis económica, no se vean más penalizadas y, desde luego, no más que las empresas europeas.
“La neutralidad de la Red está relacionada con la lucha de algunas empresas poderosas en Internet por afianzar su supremacía frente a las operadoras de telecomunicaciones”El debate sobre la neutralidad de la Red es muy amplio. Su discusión superaría el espacio del que dispongo en esta revista. Pero sí me gustaría subrayar que es necesario despojar este tema de la demagogia fácil con la que a veces se presenta. La neutralidad de la Red no está tan relacionada con la libertad de Internet como con la lucha de algunas empresas del mundo Internet, que en general no son europeas, por afianzar su poder frente a las principales empresas que invierten en redes de telecomunicaciones. En este apartado, Europa sí cuenta con líderes mundiales, muchos de ellos con inversiones en el mercado español.
“La Comisión Europea ha optado por fijar unas tarifas de roaming artificiales, sin tener en cuenta la situación en cada país y sin realizar un análisis de los mercados”
Lo más sorprendente de las tarifas de roaming ha sido el método por el cual se han fijado. Mientras que se exige a los reguladores nacionales, en nuestro caso la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que antes de fijar cualquier precio realice un exhaustivo análisis del mercado y justifique sin lugar a dudas que la regulación de precios es la única manera de garantizar la libre competencia, la Comisión se ha saltado ese mismo mecanismo y ha optado por fijar unas tarifas artificiales sin tener en cuenta la situación en cada país de la UE. Este doble rasero debilita la certidumbre reguladora que debería favorecer la inversión.
Por fortuna, España cuenta con un atractivo turístico importante y, de modo claro, en los periodos vacacionales se registran incrementos espectaculares de población en ciertas zonas, en especial, en las costeras. Como consecuencia de esta afluencia a nuestras playas, no sólo de españoles sino también de turistas internacionales, se crea un polo de concentración que requiere una adecuada inversión en infraestructuras.
“Los operadores de telecomunicaciones en España deben invertir más en la capacidad de sus redes que otros operadores europeos que exportan turistas”
Para las empresas de telecomunicaciones, como para cualquier industria de red, como las eléctricas o las carreteras, los fuertes incrementos estacionales significan que las redes deben diseñarse y las empresas deben invertir para satisfacer la máxima capacidad. Esto aunque el resto del año esa capacidad no se utilice al 100%.
Por tanto, para evitar “apagones” o “atascos”, los operadores de telecomunicaciones en España deben invertir más en la capacidad de sus redes que otros operadores europeos que viven la situación contraria: sus clientes hacen las maletas en verano para venirse a España. El hecho de que en verano en nuestro país no suframos “apagones” de los servicios de telefonía en las zonas turísticas demuestra que la inversión en redes de telecomunicaciones es muy alta. Esta inversión debería ser tomada en cuenta por la Comisión Europea al fijar tarifas unitarias.
“Siempre hemos defendido que el corte de la conexión a Internet es una medida inútil y desproporcionada”La tecnología 4G permitirá mayores anchos de banda en la red móvil si, y sólo si, logramos que se destine un espectro radioeléctrico suficiente a la telefonía móvil (una reclamación que mantienen los operadores frente a la decisión de destinar parte del espectro liberado por la televisión analógica a fines sociales). También hay que invertir en el despliegue de antenas necesario.
La disponibilidad de espectro radioeléctrico es una decisión que está en manos del Gobierno y estamos a la espera de ver la rapidez y el coste que tendrá para las empresas inversoras. En cuanto a la posibilidad de despliegue de un mayor número de antenas, la colaboración de Ayuntamientos y gobiernos autonómicos para agilizar los trámites medioambientales, y de licencias urbanísticas, es el punto clave. Sin espectro y sin licencias autonómicas o municipales no será posible la llegada de la telefonía 4G a nuestro país.
Los operadores agrupados en REDTEL se han opuesto siempre a cualquier medida que perjudique el interés de los usuarios en este tema y, desde luego, hemos defendido que el corte de la conexión a Internet es una medida inútil y desproporcionada que no ataca la raíz del problema de las descargas ilegales. El Ejecutivo debe establecer la regulación que considere más adecuada y, llegado el caso, todos los operadores de telecomunicaciones, tanto si son miembros de REDTEL como si no lo son, tendrán que acatar la Ley.
No obstante, sería bueno que se atendiera la propuesta de REDTEL: es necesario que los contenidos estén disponibles legalmente y de forma atractiva en Internet, porque así lo demandan los usuarios y, si lo encuentran en la Red de forma legal y atractiva, desaparecería el problema.
