El debate está encima de la mesa, caliente y polémico: el déficit público de la Seguridad Social española hace inminente que se firme una reforma en el sistema de pensiones. Subir la edad de jubilación y prolongar la edad de cálculo de las prestaciones son dos de los aspectos que cobran más relevancia y tienen más posibilidades de salir adelante. Desde el punto de vista económico, numerosos expertos estiman que son necesarios para la supervivencia del sistema. Entre las voces reputadas y con una larga experiencia profesional en este tema figura la de la doctora Olivia St. Mitchell, profesora de la Escuela de Negocios Wharton, de la prestigiosa Universidad de Pensilvania. En su opinión, España tiene que abordar una reforma contundente respecto a las pensiones públicas, debido a factores estructurales como el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Como experta en Planes de Beneficios para el Empleado, profesora de Gestión de Seguros y Riesgo y Directora Ejecutiva del Consejo de Investigación de Pensiones de Wharton, Mitchell ve difícil que en un futuro se mantengan los actuales niveles de pensiones públicas.
España, como muchos países, tiene una población jubilada que crece de modo muy rápido, debido, entre otras cuestiones, a la longevidad de los ancianos. También tiene una de las tasas de natalidad más bajas en Europa. Esta combinación de factores, junto con el hecho de que las pensiones públicas son bastante generosas, dan lugar a que haya muy pocos trabajadores para apoyar y cubrir las necesidades de tantas personas retiradas. Subir la edad de jubilación es inevitable. Desde el punto de vista económico y de eficiencia del sistema, quizá se podría pensar en los 70 años (o más) como la edad idónea de retiro.
Mantener unas altas tasas de sustitución tras la jubilación (pensiones elevadas, en función al último salario percibido) tiene un efecto positivo, sobre todo, en los contribuyentes de rentas más bajas. Sin embargo, es caro y exige tasas impositivas altas a los trabajadores en activo. En el futuro, será cada vez más difícil que esta tasa se mantenga en España.
Depende del coste de la fórmula elegida y de los incentivos que esto genere. Tomar para el cálculo los últimos años en activo puede ser problemático, ya que redunda en incrementar las pensiones. No hay una fórmula adecuada. Por su parte, utilizar para el cálculo toda la vida laboral lleva a los trabajadores a consumir menos.
Estará en función de la fórmula elegida, de la edad del retiro, de la evolución demográfica…
“Mantener en España unas altas tasas de sustitución tras la jubilación será cada vez más difícil”
Es difícil identificar los países que tienen un modelo perfecto de pensiones públicas. Cada mercado cuenta con unas leyes y unos condicionantes sociales que influyen al elaborar sus políticas en materia de previsión social. Sí se puede decir que los mercados inestables son poco fiables respecto a la seguridad que ofrecen a los trabajadores cuando se retiran y que algunos proyectos que funcionan bien son los de Australia, Suecia y Chile, entre otros.
Una reforma muy perjudicial fue la que llevó a cabo Argentina en 2008, cuando el Gobierno nacionalizó las pensiones privadas y pasó a controlar los fondos. Un cambio menos drástico, pero también inquietante, fue el recorte que efectuó Japón, donde se rebajaron las pensiones a los jubilados para equilibrar los presupuestos nacionales. Una reforma menos dura, pero también contundente, ha sido la recién aprobada en Nueva Zelanda, donde la edad de jubilación se ha elevado de los 60 a los 66 años.
Todos los países desarrollados cuentan con políticas de jubilación que contemplan una pensión para los más pobres, para quienes cuentan con menos recursos. Por encima de este tipo de pensiones, están las basadas en las ganancias, que tienen en cuenta las aportaciones realizadas al sistema. En la mayor parte de los casos hay una complementariedad entre los sistemas públicos y los privados.
Siempre habrá necesidad de contemplar jubilaciones anticipadas, como en el caso de personas con discapacidad. Pero no debería generalizarse esta práctica entre los trabajadores. La gente que permanece en activo gasta menos, gana más, está más sana y es más feliz. Su trabajo sirve para financiar a quienes no pueden hacerlo. Con unas tasas de envejecimiento al alza (es fácil que en un futuro vivamos más de 100 años), no tiene ningún sentido económico ni social dejar de ser productivo demasiado joven.
“Con tasas de envejecimiento al alza, no tiene sentido económico ni social dejar de ser productivo demasiado joven”
La seguridad de retiro depende bastante del ahorro y de la inversión realizada de forma inteligente. Los planes de pensiones tienen un tratamiento fiscal especial en muchos países, algo que los hace atractivos con vistas a planificar la jubilación. También son eficaces los planes de empleo, puesto que sus costes, al promoverse por un grupo con objetivos comunes, pueden ser más reducidos. Lo importante, en cualquier caso, es ahorrar bastante, elegir muy bien los activos y no gastar demasiado pronto el dinero tras al retiro.
En general, las investigaciones confirman que los inversores prestan poca atención a las comisiones de sus planes. Esto implica que se necesita más educación financiera. Sólo así se potenciaría una mayor competitividad en este aspecto entre gestoras.