“Me pisó mis cosas, me escupió y me llamó perro” (Saúl, 38 años). “Unos jóvenes me agredieron con piedras y botellas” (Manuela, 42 años). “Mientras dormía en mi coche, me arrojaron una colilla” (Pedro, 51 años). Estos son testimonios reales de personas que carecen de un hogar y sufren por ello la violencia de la irracionalidad. Son víctimas de los denominados delitos de odio, “un acto criminal motivado por la intolerancia hacia un determinado grupo de personas”, señala Maribel Ramos, coordinadora del Observatorio de Delitos de Odio contra Personas Sin Hogar, Hatento. Este observatorio pretende visibilizar y condenar estos hechos para combatirlos. Hasta un 51% de las personas sin hogar ha sufrido algún tipo de agresión. Lo preocupante es que los delitos contra ellas, más cuando son de odio, “no ocurren en el vacío, sino que son la manifestación violenta de un prejuicio que es aceptado socialmente, en mayor o menor medida”, advierte Maribel Ramos.
“Un 11,46% de las mujeres sin hogar habrían sufrido agresiones sexuales”
Según la encuesta a las personas sin hogar del Instituto Nacional de Estadística en 2012, se estima que un 51% habrían sido víctimas de algún tipo de delito o agresión durante su historia de sinhogarismo, alcanzando un 20,81% las personas que habrían sido agredidas. Estos datos son similares a los observados en algunos recuentos realizados en ciudades concretas. En el recuento hecho en el País Vasco en 2012, del conjunto de personas encuestadas en la calle y en los centros de alojamiento, más de la mitad (58,3%) refirieron haber sido víctimas de algún delito o conducta antisocial ligada a esa circunstancia. En el caso de Madrid, en el mismo año, un 47,1% de las personas entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de algún tipo de delito a lo largo de su tiempo de estancia en la calle.
De forma general, el porcentaje de mujeres sin hogar que habrían sido víctimas de algún tipo de delito es cinco puntos inferior al de los hombres. Sin embargo, mientras que un 11,46% de las mujeres habrían sufrido agresiones sexuales, en el caso de los hombres este porcentaje se reduce al 0,77%. También se identifican diferencias en el caso de los timos, de forma que un 19% de ellas habrían sido timadas frente al 13% de hombres.
“Los delitos de odio contra personas sin hogar son la manifestación violenta de un prejuicio aceptado socialmente”
Los delitos de odio constituyen un acto criminal motivado por la intolerancia hacia un determinado grupo de personas. Para que podamos calificar un comportamiento delictivo como delito de odio, deben confluir dos requisitos. Por un lado, el comportamiento debe ser un delito tipificado como tal en el Código Penal, como un trato vejatorio, una agresión física, un robo, etc. Por otro lado, la motivación del delito debe basarse en un prejuicio hacia un determinado grupo o colectivo social. Este segundo requisito es el que diferencia los delitos de odio de otros. Las víctimas de los delitos de odio son seleccionadas en función de lo que representan y no tanto por quiénes son, de forma que la víctima podría ser intercambiada por cualquier otra persona con la que comparta la característica hacia la que se dirige la intolerancia y el rechazo del agresor. Da igual que sean Pedro, Saúl o Manuela, lo que las hace el blanco de la violencia es ser personas sin hogar.
Observamos dos obstáculos fundamentales en la persecución y penalización de los delitos de odio contra las personas sin hogar. Por una parte, el sinhogarismo o la situación socioeconómica de las víctimas no es considerado por nuestro Código Penal como una característica que sitúe a las personas en una situación de especial vulnerabilidad frente a los delitos y que, por tanto, requiera de una mayor protección por parte de nuestra legislación penal. De esta forma, mientras que el racismo y la xenofobia o la LGTBfobia son consideradas circunstancias agravantes, la aporofobia u odio a las personas pobres, no tiene esta consideración penal.
Por otra parte, las personas sin hogar denunciarían este tipo de delitos en menor medida que otros colectivos. Los procesos de exclusión social operan desempoderando a las personas que los sufren, de forma que la vulneración de los derechos acaba aceptándose como parte del día a día, considerándose dentro de la dinámica de sinhogarismo y perdiéndose la confianza en la posibilidad de actuar contra la injusticia. Este fenómeno se ve reflejado en los datos que recoge el Ministerio del Interior en su “Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España“, de 2013. Este informe incluye las cifras registradas mediante el Sistema Estadístico de Criminalidad, que recoge los hechos contabilizados por Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos d´Esquadra, Policía Foral de Navarra y Policías Locales. Los datos de 2013 arrojan una cantidad total de 1.172 delitos de odio registrados. Sin embargo, el informe solo recoge cuatro delitos de odio contra personas sin hogar.
“El imaginario social y colectivo sitúa más a las personas de escasos recursos en el ámbito delictivo, que como potenciales víctimas de la delincuencia”
Los delitos de odio no ocurren en el vacío, sino que son la manifestación violenta de un prejuicio que es aceptado socialmente, en mayor o menor medida. La aporofobia se refleja en la culpabilización de las propias personas sin hogar por su situación de exclusión y pobreza. También se observa en la distancia simbólica que se establece entre el “nosotros” y los “otros, los pobres”. Por último, la aporofobia se visibiliza y se transmite a partir del imaginario social y colectivo que relaciona a las personas de escasos recursos con la delincuencia, situándolas en mayor medida en ese espacio delictivo antes que como potenciales víctimas de la misma.
Sin duda alguna, esta idea incrementa la vulnerabilidad de las personas excluidas, en general, y de las personas sin hogar, en particular. Si pensamos que las personas sin hogar nos van a robar o agredir, ¿qué grado de verosimilitud le daremos a su testimonio como víctima? Cuando el delito de odio se ha cometido contra una persona miembro de un grupo especialmente estigmatizado, la culpabilización de la víctima puede influir, incluso, en el proceso de investigación. De esta forma, se está enviando un mensaje a las comunidades afectadas que no facilita la confianza en el sistema policial y judicial.
Este Observatorio pretende aunar las fuerzas, el conocimiento y los recursos de varias organizaciones de atención a personas sin hogar y de defensa de los derechos humanos para generar un conocimiento fiable sobre este tema y poder actuar contra los delitos de odio. Para ello, nos hemos planteado diversas líneas de actuación, como son la recogida de datos sobre incidentes y delitos de odio que sufren las personas sin hogar, la formación para profesionales, la realización de campañas de sensibilización y encuentros para acercar la realidad de esta problemática a la ciudadanía.
“Ser víctima de un delito de odio implica ser despojado de nuestra identidad como ciudadano o ciudadana”
Los delitos de odio contra las personas sin hogar son una vulneración flagrante de los derechos humanos y supone uno de los mayores atentados contra la dignidad de las personas. Ser víctima de un delito de odio implica ser despojado de nuestra identidad como ciudadano o ciudadana, ya bastante mermada por la violencia estructural que implica el propio fenómeno del sinhogarismo. Una sociedad democrática no puede permitirse abandonar más allá de los márgenes a parte de su ciudadanía. Despojarnos de los prejuicios contra las personas sin hogar, acercarnos a su realidad, apoyar a las organizaciones que estamos trabajando en la defensa de sus derechos y denunciar cualquier tipo de agresión contra las personas sin hogar de la que seamos testigos son las formas en las que nos podemos implicar.
El Observatorio Hatento ha podido constituirse gracias al apoyo del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEAGrants), cuyos estados donantes son Islandia, Liechtenstein y Noruega, a través del Programa de Ciudadanía Activa de la Plataforma de ONG de Acción Social. Actualmente estamos manteniendo contactos con distintos organismos públicos, con el objetivo de articular mecanismos de colaboración y cooperación con las instituciones implicadas en la garantía y defensa de los derechos de las personas sin hogar y la persecución de los delitos de odio.
