El pasado uno de febrero de 2007 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el Libro Verde Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas ante el constante aumento de la obesidad en la Unión Europea que, aunque no es vinculante, empieza a vislumbrar posibles estrategias administrativas y legislativas a seguir en el ámbito de la UE en los próximos años. La situación, atendiendo a los datos que exponen, no es para menos. Y es que en los 30 últimos años, el número de personas que padecen obesidad ha aumentado de manera espectacular, considerándose la situación similar a la padecida en EEUU en los años 90.
Actualmente se considera que cerca de un 27 % de los hombres y un 38 % de las mujeres en Europa tiene exceso de peso o padecen obesidad. Una epidemia que afecta a más de cinco millones de niños en la UE de los 27, con una tasa de progresión alarmante, con cerca de 300.000 nuevos casos al año, según refleja la primera parte de la citada Resolución.
La solución al problema en ningún caso va a ser inmediata, si bien requiere de soluciones inmediatas y de una perspectiva global para que las cifras no sigan aumentando de forma tan alarmante. De momento, el impacto socioeconómico parece situarse entre el 4% y el 7% de los gastos globales de salud en los Estados miembros; algo totalmente inaceptable para nuestra sociedad, que debe tender a aumentar el nivel de salud de su población mediante la adopción de medidas desde ámbitos de actuación bien distintos (como educativos, sociales, económicos, culturales, normativos, dietéticos, médicos, científicos, entre otros muchos).
La problemática de la obesidad, que se considera institucionalmente como multifactorial, constituye en la actualidad, más que nunca, una prioridad política de la UE y de sus Estados miembros. En algunos casos ya se han empezado a tomar medidas drásticas contra situaciones de claro riesgo para ciudadanos más desprotegidos y sin poder de decisión pleno sobre su alimentación: los menores de edad. Así, ha saltado recientemente a los medios de comunicación el caso del niño británico afectado gravemente de obesidad, y para el que los servicios sociales proponían retirar la custodia a la madre por presunta negligencia materna en cuestiones de alimentación. Las autoridades asturianas españolas han actuado recientemente para un caso similar, en el que se evidencia que debe protegerse la salud de los menores por parte de quienes tienen la responsabilidad directa de cuidarlos en cuestiones de alimentación, sus progenitores o tutores.
Sin embargo, tal y como se apunta desde diferentes perspectivas, la responsabilidad en cuestiones de obesidad va mucho más allá del círculo familiar, y debe extenderse a otros ámbitos, públicos y privados, a fin de adoptar soluciones eficaces para reducir sus efectos negativos.
Medidas de salud pública
Para frenar el problema de la obesidad es necesario abordarlo desde numerosas vertientesEl informe presentado por el Parlamento Europeo, elaborado por la eurodiputada liberal belga Frédérique Ries, y que constituye la base de la Resolución sobre la prevención del sobrepeso y de la obesidad, reconoce que la obesidad afecta a una parte de la población en aumento constante, lanzando una seria advertencia por si las cosas continúan bajo esta tendencia: consecuencias incalculables para la salud pública.
En su informe, la eurodiputada afirmó que para frenar la epidemia europea de la obesidad es necesario abordar el problema desde todas sus vertientes, combinando educación, nutrición adecuada y ejercicio desde edades tempranas. Para ello reclamó una mayor coordinación de las políticas europeas, especialmente las de agricultura e investigación. De lo que se trata es de avanzar hacia una Europa con una población mucho más sana.
Una de las primeras medidas que dicha institución comunitaria aconseja a los Estados miembros es que reconozcan oficialmente la obesidad como enfermedad crónica. La finalidad no es otra que la de evitar cualquier fórmula de estigmatización y discriminación de las personas obesas. De la misma forma, recomienda que estas personas tengan acceso al tratamiento adecuado en el marco de sus regímenes nacionales de seguridad social.
La nueva tendencia, y mientras los resultados sean satisfactorios y no perjudiquen seriamente la salud de los consumidores, tiende a la autorregulación de sectores como el de la alimentación; a la creación de Plataformas mixtas (como la de acción de la UE para la alimentación, la actividad física y la salud, en la que participan la DG Sanco, sectores industriales y ONG?s); o al impulso de Estrategias como la NAOS en España y su Código PAOS, entre otros métodos. Sin embargo, y ante posibles incumplimientos de ciertos principios o reglas voluntarias por quienes se adhieren a estos métodos de regulación, o ineficacia de las medidas propuestas, la Administración comunitaria o la de cualquiera de los Estados miembros, en su caso, siempre puede volver a métodos menos consensuados, desarrollando y aprobando propuestas legislativas cuando ello sea necesario.
Así, el Parlamento Europeo ha visto con buenas intenciones la tendencia que prevalece en distintos sectores de la industria alimentaria europea de actuar concretamente para reorientar la comercialización de productos dirigidos a los menores y para implantar un etiquetado nutricional de los alimentos y bebidas destinados a ellos.
De momento, estamos a la espera, probablemente en abril de este mismo año, de la publicación del Libro Blanco por parte de la Comisión, con objeto de reducir el número de personas que padecen exceso de peso y obesidad a partir de 2015, como muy tarde.
Protección del consumidor
La política de prevención y vigilancia de la obesidad que pretende instaurarse atiende a un concepto global de consumidor, es decir, que deben desarrollarse o tener en cuenta toda su existencia, a partir del período prenatal hasta una edad avanzada; si bien considera que debe prestarse una especial atención a la infancia, como etapa de la vida en la que se adquiere una gran parte de los hábitos alimentarios.En este sentido, alienta a los Estados miembros a que reconozcan que la educación en materia de nutrición y salud, iniciada a una edad muy temprana, es crucial para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Además, considera crucial la educación de los niños sobre hábitos alimentarios sanos y la puesta a disposición de éstos de alimentos de calidad basados en normas nutricionales, abogando por alimentos recién preparados, preferentemente procedentes de la agricultura ecológica o regional. De forma adicional, considera necesario que los espacios educativos cuenten con suficientes instalaciones para las actividades deportivas y físicas, y que su ubicación haya tenido en cuenta el fomento de un estilo de vida sano y activo.
Especial atención considera que merecen determinados grupos de consumidores, atendiendo principalmente a sus circunstancias. Así considera a los grupos desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico y de menor nivel de educación, que tienen una mayor tendencia a padecer este tipo de problemática, y donde las campañas informativas, reconocen, no constituyen la mejor herramienta para llegar a ellos, proponiendo el contacto directo y la adaptación a las necesidades locales y al perfil de la colectividad de que se trate.
Otro de los sectores que está en el punto de mira de las acciones públicas de prevención son las personas de edad avanzada, de las que interesa la evaluación sobre los efectos que pueden producir factores como la malnutrición y la falta de movilidad. Y como novedad, aparecen referencias claras a las personas con discapacidad, dado que se encuentran en mayor peligro de sufrir obesidad por sus circunstancias fisiológicas o patológicas, y por su falta de actividad física.
No cabe duda que la Comunidad debe asumir un papel activo en el marco de las políticas comunes o como complemento a las acciones de los Estados miembros en el ámbito de la información y la sensibilización de los consumidores respecto al problema de la obesidad y de aprobación de actos legislativos nuevos o revisados con impacto real en la salud nutricional de los ciudadanos europeos.
La Resolución adoptada por el Parlamento Europeo se atreve a conceptualizar lo que debe entenderse por alimentación sana: aquélla que tenga determinadas características cualitativas y cuantitativas, como un contenido energético adecuado a las necesidades de cada persona, y que, en todo caso, respete los principios dietéticos.
Es evidente que la definición adoptada aboga por una perspectiva individualizada en el ámbito de la alimentación saludable, y todo ello, a fin de que el consumidor tenga acceso a las mejores fuentes de nutrientes y otros componentes alimentarios beneficiosos que le permitan elegir con libertad en cuanto a la manera de lograr y mantener el aporte nutricional óptimo, que mejor se adapte a su estilo de vida particular y a su salud. El Parlamento Europeo pide en este sentido a la Comisión que proponga una política y un marco reglamentario que asegure estos objetivos.
Y es que el consumidor debe encontrar el equilibrio adecuado entre el consumo diario de calorías y el gasto de energía, y tener la garantía de que ha elegido los alimentos que se lo deben proporcionar de forma totalmente libre, sin manipulación informativa y sin inducción al engaño que, en algunas ocasiones, pueden proceder de campañas publicitarias irregulares o de una información incorrecta. El Parlamento Europeo condena la frecuencia y la intensidad de las campañas de publicidad y promoción en televisión de alimentos destinados exclusivamente a los niños, una práctica comercial que, manifiesta, no fomentan unos hábitos alimentarios sanos. En España, en el que uno de cada cuatro anuncios es de comida, en la franja de programación infantil, el porcentaje de anuncios emitidos es del 56 %, siendo la mayoría alimentos de consumo ocasional, como dulces, bollería, golosinas, entre otros.
Uno de los aspectos a destacar es el papel relevante que desempeñan los profesionales de la salud a la hora de fomentar los beneficios para la salud de una dieta equilibrada y una actividad física regular, así como de detectar cualquier riesgo relacionado con la salud de personas predispuestas a determinadas enfermedades. De la misma forma, potencia en este ámbito de la prevención de la obesidad y el sobrepeso la profesión del nutricionista, de la que solicita a los Estados miembros el reconocimiento mutuo y de acceso a la misma, garantizando una formación científica profesional.
- Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde ?Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas. (2006/2231 (INI). Aprobada en Bruselas en fecha 1 de febrero de 2007.
