Para muchos ciudadanos, el hecho de que Europa extienda un cheque de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar a los bancos españoles, a través de un préstamo que nuestro país deberá devolver con sus correspondientes intereses, solo puede traer consecuencias negativas. En la calle el rescate se considera que es una mala noticia, porque implica que la economía española estaba en sus límites para hacer frente a sus compromisos de pago o para “salvar” de forma independiente a sus bancos. Pero, precisamente contar con esta solución y ayuda europea conlleva efectos positivos para los españoles. A continuación se analizan las dos caras del rescate, lo bueno y malo que deparará la “asistencia” con fondos europeos como la consecución de créditos e hipotecas, pero también la subida de impuestos o la posible rebaja de las pensiones.
Aspectos positivos
Seguridad económica.
El simple hecho de obtener ayuda europea acalla cualquier atisbo de duda sobre la relación de España con el resto de socios del Eurogrupo. Ha sido el propio Gobierno el que ha solicitado apoyo y se le ha concedido sin trabas ni concesiones. La única condición implícita es que nuestro país cumpla con el calendario para situar el déficit en el 3% en 2014, lo que lleva consigo seguir con las reformas estructurales.
Desde Europa se han dado muestras de complicidad con España en los últimos meses. Bruselas ha permitido, por ejemplo, alcanzar el objetivo de déficit en 2014 en lugar de 2013. Y ahora con el rescate, ya cuenta con el respaldo de sus socios europeos para atajar la crisis e iniciar la anhelada recuperación. Esta sintonía invita a pensar que nuestro país no saldrá del euro, algo que sí sería perjudicial para todos los ciudadanos, ya que supondría, entre otros muchos aspectos, una clara pérdida de poder adquisitivo y una fuerte devaluación de la moneda. El rescate refuerza la idea de la Unión Europea y aleja la posibilidad de una ruptura del euro.
Seguridad bancaria.
En principio, la ayuda solicitada no es para asistir al Estado sino a sus bancos. Esto redundará en una mayor seguridad para los ahorradores. Con el préstamo europeo, se alejan las dudas sobre la posibilidad de quiebra de entidades bancarias españolas. La línea de crédito permitirá recapitalizar a todos los bancos que lo necesiten, de modo que cumplan con las últimas exigencias legales.
Tras el rescate, el ahorrador no debe temer por el dinero que haya depositado en los bancos españoles, porque el apoyo europeo añade más garantías. De forma implícita, deja leer entre líneas que ningún banco caerá y que, en consecuencia, no habrá corralito para el dinero español. Se mantiene, además, la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, que garantiza hasta 100.000 euros por entidad y titular. El rescate surge también con el objetivo de frenar la huida de capitales españoles hacia otros países que se estaba produciendo en las últimas semanas.
Mayor acceso al crédito.
El dinero que se ha solicitado irá destinado, en su totalidad, a reforzar los recursos de los bancos con problemas. Esto debería, en teoría, animar la concesión de créditos que han estado constreñidos en los últimos años. La ayuda otorgada permitirá a las entidades sobrepasar los niveles de solvencia exigidos, con lo que les quedará un colchón suficiente para extender créditos que permitan a familias y empresas salir de la situación de ahogo actual y poner en marcha inversiones y proyectos que, sin duda, contribuirán a revitalizar la economía. La recuperación solo será posible cuando la inversión y el consumo se reactiven.
Si hay más crédito, España estará más cerca de dar un paso adelante en este sentido. Uno de los objetivos de los planes de saneamiento de la banca que se han puesto en marcha en los últimos seis meses es hacer que fluja el crédito, sobre todo entre familias y pymes, de momento, sin éxito. El crédito europeo otorgado es una nueva fórmula para tratar de conseguirlo. En teoría, cuando se ponga en marcha la ayuda será más fácil lograr un crédito al consumo o una hipoteca.
Reducción en la prima de riesgo.
Como ha ocurrido con los otros rescates, lograr ayuda y apoyo europeo reduce la tensión sobre la prima de riesgo. Esto hace que el Gobierno pueda financiarse más barato en los mercados.
Estabilidad social.
El rescate trata de dar confianza y seguridad sobre la economía española y sus bancos. Psicológica y socialmente, el efecto debe ser positivo ya que intenta evitar la crispación que puede generar la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el ahorro y con el país.
Consecuencias negativas
Pérdida de soberanía para España.
La solicitud de ayuda a Europa implica pérdida de independencia, de autonomía y de poder para España. Como ha ocurrido en Grecia, Irlanda y Portugal, la troika formada por la Comisión de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) controlará la reestructuración de la banca en España. La troika se convierte en inspectora de todos los movimientos económicos y financieros del país.
Más recortes.
El rescate a España se diferencia de los realizados a Grecia, Portugal e Irlanda en que no está condicionado de forma directa con unos ajustes concretos. No obstante, deja claro que hay recortes pendientes que el país deberá acometer. La ayuda está supeditada a que España cumpla con sus compromisos para reducir su excesivo déficit. Si no cumple con los ajustes, el grifo de dinero para la banca, que se realizará en varias rondas, se cerrará.
Todos los rescates acometidos hasta ahora implican fases y nueva concesión de ayudas, según las instituciones europeas van confirmando que se cumple con los objetivos y con el plan de recortes.
- Recortes en funcionarios: los empleados públicos son objetivo de próximos recortes. Tras la congelación o bajada de sueldo a la que se han sometido en algunas comunidades autónomas y en el propio Estado central, no hay que descartar que tengan que hacer frente a la pérdida de privilegios, como días libres (los denominados moscosos) o determinados complementos salariales. También es muy probable que se suprima la oferta de nuevas plazas (no habrá convocatorias de oposiciones para puestos públicos) e incluso que se planteen reducciones en las pagas extras. Incluso puede ocurrir que el Gobierno plantee la posibilidad legal de despedir a empleados públicos que no cumplan con sus funciones, como ya ha ocurrido en Irlanda, Grecia y Portugal. Hasta el momento, ya ha eliminado numerosos puestos de interinos.
Recortes en pensiones: es uno de los temas más impopulares, pero no hay que desechar nuevas reformas que ahondarían en una menor pensión pública futura. El año pasado, el Gobierno anunció un plan para retrasar la edad de jubilación a los 67 años y utilizar los últimos 25 años de vida laboral para calcular la pensión (y no los últimos 15, como se tomaba hasta entonces). Para seguir ahorrando en esta partida y reducir déficit, podrían plantearse nuevas medidas, como prolongar aún más la edad de jubilación (en Irlanda, por ejemplo, la han subido a los 68 años) o adelantar la entrada en vigor de los últimos cambios (que estaban previstos hacer de forma progresiva). También podrían anunciarse recortes para las pensiones que se pagan hoy.
Muchos recortes en banca:
el rescate será negativo para los empleados de la banca, sector en el que subirá el paro. Los planes de recapitalización y la concesión de ayudas están condicionados a que se acometan fuertes recortes. Las primeras estimaciones apuntan que se cerrarán 13.000 oficinas y se reducirán unos 35.000 empleos.
Más impuestos.
La única condición implícita del rescate es que España cumpla con su objetivo de déficit y, para ello, será necesario que continúe con las reformas estructurales y los recortes. De entrada, Bruselas ve necesario que el país suba el IVA, algo que podría ser inminente. Esto afectará directamente al bolsillo de los consumidores. El tipo máximo podría subir del 18% al 20% o incluso al 21%. Además, algunos productos y servicios podrían pasar de tener un IVA reducido a un IVA normal.
Peajes y privatizaciones a la vista.
El rescate y la necesidad de continuar con los recortes invita a buscar soluciones en todos los ámbitos económicos. Muy probablemente se decretarán nuevos peajes. Traspasar la gestión a compañías privadas es hoy una posibilidad que gana muchos enteros. Además, el Estado tratará de privatizar cuantas empresas públicas pueda, con el ánimo de incrementar sus ingresos.
