“Sin peces no hay pescadores. No hay a largo plazo otra posibilidad que explotar los recursos pesqueros de forma renovable”. Son palabras de Carlos Domínguez Díaz, el secretario general de Pesca, la máxima autoridad en esta materia en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Por ello, afirma, España ha tomado en los últimos años medidas “pioneras” para que las pesquerías se exploten de forma sostenible o estén bajo planes de recuperación. En cuanto a los consumidores, Domínguez asegura que los sistemas de control garantizan que el pescado que llega al mercado cumple la ley y les recomienda que exijan más información.
Hay una gran confusión sobre este concepto. La sostenibilidad no se refiere solo al nivel de explotación máxima de un recurso, sino también a la minimización de los impactos de la actividad pesquera en el ecosistema. España ha sido pionera en identificar, mediante buques oceanográficos, las zonas donde se concentran los ecosistemas marinos vulnerables. Así, hoy los buques españoles ya no trabajan sobre fondos sensibles y su actividad no afecta a otras especies marinas de lenta recuperación. También fuimos pioneros en proteger los cetáceos y se aplican medidas a la flota española para proteger otros recursos sensibles como tiburones, aves y tortugas marinas, por ejemplo.
“El número de buques de pesca se ha reducido en España más del 42% en los últimos 15 años”En la actualidad más del 70% de los recursos pesqueros se explotan de forma sostenible y tan solo algo más del 29% están sobreexplotados, según el informe SOFIA de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Son muchos recursos, aunque el número ha descendido desde el informe anterior en 3 puntos porcentuales.
Todos los recursos se pescan de forma sostenible o están inmersos en planes de recuperación que garantizan que en poco tiempo estarán en una situación satisfactoria.
Que hoy nadie plantea explotar un recurso a niveles insostenibles y, por tanto, que se pueda poner en peligro su sostenibilidad comercial o que se lleve al borde del colapso.
Desde hace ya varios años España aplica una política restrictiva al crecimiento de la flota. En los últimos 15 años el número de buques se ha reducido en más del 42% (31% en medidas de volumen de la flota o GT). La flota española se ha adaptado a los recursos disponibles, de forma que en muy pocos años más explotará todos sus recursos en niveles cercanos o iguales al rendimiento máximo sostenible. Además, España ha elaborado planes, a nivel europeo y en aguas de gestión exclusiva, para garantizar que los recursos que no se explotaban de manera correcta, lo hagan en poco tiempo.
“Si se aplican las medidas correctas, pesquerías agotadas vuelven con el tiempo a poderse explotar”Así es, en la Unión Europea solo Portugal supera nuestros 36,4 kilos per cápita anuales. España forma parte de los 20 principales países consumidores de productos de pesca y acuicultura, y gran parte de estos productos son importados. La mayoría proceden de fuentes sostenibles, porque la reglamentación de la UE es muy estricta para controlar que no accede a nuestro mercado ni un solo kilo procedente de pesca legal, no regulada y no reglamentada. De vez en cuando se intenta colar alguna partida, pero para eso está este sistema que nos permite rechazarlo o requisarlo. Somos un país con mucho y muy buen pescado y no hay nada mejor que incluirlo en la dieta al menos dos veces por semana.
Sin peces no hay pescadores. No hay a largo plazo otra posibilidad que explotar los recursos naturales de forma renovable. Tenemos muchas experiencias negativas en el pasado de recursos explotados hasta agotarlos comercialmente, como el bacalao del Atlántico Norte o el arenque noruego. Pero si se aplican las medidas correctas, vuelven con el tiempo a poderse explotar. Una pesca sostenible garantiza a los pescadores un recurso estable en el tiempo y con garantías.
España apoya todas las medidas que suponen a la larga una explotación más racional de los recursos pesqueros. En primer lugar, apoyamos las políticas europeas en la materia. Si bien podemos diferir en cuanto a la velocidad del cambio, ambas partes estamos de acuerdo en que no hay lugar para una pesca no sostenible en Europa. Por otro lado, trabajamos desde hace mucho tiempo en la protección del medio marino, bien a través de las reservas marinas protegidas de interés pesquero, o bien mediante la creación de áreas marinas protegidas. El Ministerio participa desde 2009 en el proyecto LIFE + INDEMARES para estudiar e identificar diez nuevas áreas marinas y proponerlas como protegidas. El estudio debe terminar en 2013 y hará de nuestro país uno de los que mayor superficie marina protegida posee en la UE.
“Los consumidores deben aprender a exigir que los productos estén debidamente etiquetados”El consumidor debe tener información suficiente fiable, precisa y comprensible. Tomemos el ejemplo del atún rojo. Ciertas ONG solicitaron hace dos años incluir al atún rojo en el CITES para establecer un sistema estricto de control del comercio, como si estuviera al borde de la extinción, a pesar de que los datos científicos no avalaban sus augurios. Este año, el comité científico ha ratificado que el atún rojo está mejor que nunca y que el plan acordado por todos los países pesqueros hace seis años está dando sus frutos. Asimismo, los consumidores deben aprender a exigir que los productos estén debidamente etiquetados y con información del origen de los mismos. Las etiquetas deben contemplar una serie de elementos obligatorios y otros tipos de información adicional.
El consumidor demanda cada vez más productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, y el ecoetiquetado cobra gran relevancia internacional para promover la pesca sostenible. Es de gran utilidad, ya que revela la intención de la empresa de ir más allá de la norma y manifiesta, de forma pública y voluntaria, la gestión sostenible de los recursos del mar, además de fortalecer el cumplimiento de la legislación del sector. No obstante, la proliferación de estas certificaciones crea incertidumbre entre los consumidores y perjudica a algunos operadores comerciales y en especial a países en vías de desarrollo. España apuesta por establecer unos criterios mínimos de ecoetiquetado en el marco de la UE.
