Los desfibriladores semiautomáticos, conocidos por las siglas DEA, son dispositivos que permiten aplicar una descarga eléctrica en el corazón cuando una persona sufre un paro cardiaco, para así lograr la reanimación. Utilizar uno de ellos puede establecer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. En los últimos años, han proliferado en diversos lugares públicos de gran afluencia, pero aún son deficitarios en número. Se impone la necesidad de cambiar el concepto sobre estos mecanismos, que en lugar de verse como material médico complejo, deben considerarse un elemento de seguridad, sencillo de manejar, “como si fuera un extintor”, explica en esta entrevista Juan B. López Messa, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Complejo Asistencial de Palencia y presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERP), una de las instituciones implicadas en la elaboración del estudio “La implantación de desfibriladores en zonas públicas: protocolos de uso y recomendaciones”.
No se conoce la cifra exacta, pero si se extrapolan datos de Estados Unidos y del resto de Europa, se calcula que hay 24.000 paros súbitos al año.
En estos momentos, los datos del extranjero, de sociedades más avanzadas donde se utilizan los desfibriladores y se realizan maniobras de resucitación, señalan que la tasa de supervivencia se sitúa entre el 5% y el 8% en el mejor de los casos de la mejor de las series.
“El paro cardiaco súbito es un problema sanitario y de salud de primera magnitud”
No sería justo decirlo, porque debemos realizar un estudio, pero todo apunta a que sí. Precisamente, una de las conclusiones del proyecto que presentamos es que se debe impulsar otro proyecto para conocer cuántos paros cardiacos se registran y dónde están colocados los desfibriladores.
Las principales detallan que el paro cardiaco súbito es un problema sanitario y de salud de primera magnitud. Los desfibriladores automatizados o DEA suponen un beneficio indiscutible en la mejora de la supervivencia tras un paro cardiaco súbito. Es necesario conocer la realidad de nuestro país con un estudio epidemiológico. Hay barreras para la instalación de desfibriladores en lugares públicos y una excesiva rigidez de las normativas de las comunidades autónomas.
“El DEA es un dispositivo sencillo de manejar, que salva vidas”
Estas exigencias se refieren a requerimientos administrativos de la formación que debe tener el personal que utiliza estos equipos, cuando deberían poderse utilizar por cualquier persona. La formación y educación en resucitación cardiopulmonar debería enseñarse desde la escuela o durante la formación para obtener el carné de conducir. Si se establece una legislación que obligue a instalar desfibriladores en determinados lugares, que está demostrado que es útil, debería cambiar el concepto sobre ellos. Deberíamos cambiar la idea de que los desfibriladores son dispositivos médicos complejos. Es verdad que son un avance para la población general, pero no son complejos, sino un instrumento de seguridad, fácil de utilizar, como un extintor de incendios.
Son más que seguros. Solo se tiene que saber que están disponibles y apretar un botón para que estén encendidos. Estos aparatos emiten órdenes verbales sobre qué hay que hacer. Nos indican cuándo hay que dar una descarga solo en los casos en que está indicada. No es necesario saber manejarlo. Puede utilizarlo cualquiera sin ninguna formación. Donde se instalen debe haber personal formado, pero de una forma menos extensa y menos prolija de lo que actualmente está marcado.
“Todo el personal de los centros donde se instalan DEA debe saber dónde están y deben estar bien visibles”
No hay un registro claro, pero se calcula que hay entre 3.000 y 5.000 en todo el territorio. Los lugares donde se han implantado son los de gran afluencia pública, como centros comerciales, aeropuertos, metro, intercambiadores de ferrocarril, estaciones de autobuses, centros de práctica deportiva, sobre todo, los más masivos. El lugar público más habitual es la calle, pero dónde colocarlos es el problema… Otra iniciativa que proponemos es que los lleven los servicios de emergencias locales (bomberos y policía). Las unidades móviles, provistas de estos aparatos, podrían llegar al lugar donde se registrara el paro cardiaco, incluso antes que los servicios de emergencias médicos. Más que a la colocación de los DEA en un lugar público, me refiero a que los portara un estamento de emergencia en general.
Se han colocado más en aeropuertos, como el de Barajas, donde los DEA están señalizados con un corazón verde. Hay en casi todos los aeropuertos de España y en bastantes centros comerciales. Son deficitarios en las infraestructuras ferroviarias (ADIF) y también en las estaciones de autobuses y en los metros. Hay proyectos de instalar muchas unidades en lugares muy frecuentados. Sin embargo, en servicios de emergencias no sanitarios se prevé que sean pocos, ya que las experiencias a este nivel son muy escasas. También se han colocado en algunas administraciones públicas, como ayuntamientos, y en cajeros automáticos de una red de cajas de ahorro. Hay experiencias, pero de forma desordenada.
Sin duda, debemos saber dónde se colocan e, incluso, analizar si los paros cardiacos se registran en lugares donde ya están instalados. Por un lado, como se ha hecho en Cataluña, debe haber normativas que indiquen en qué lugares es obligatorio instalar un desfibrilador por decreto.
“Muchas veces se desestima su instalación por los gastos de mantenimiento y las exigencias administrativas”
Por un lado, por una cuestión económica y, por otro, por barreras legales. El dispositivo, el aparato en sí, no cuesta dinero, pero hay que hacer frente a su mantenimiento y las exigencias sobre las personas para poder utilizarlo dentro del establecimiento donde se instala y los requerimientos administrativos de los decretos autonómicos son demasiado estrictos. No es una obligación instalarlo pero, en caso de que se coloquen, se piden requisitos demasiado excesivos. Y como no se pueden cumplir, se opta por desestimar su instalación. Además, aún se piensa en los desfibriladores como un dispositivo médico complejo y hay que cambiar esta idea y darle un enfoque diferente, es un elemento de seguridad que, con la utilización adecuada, es totalmente seguro para la víctima.
Por desconocimiento. No hemos sabido transmitir que es un dispositivo casi inocuo y que bien utilizado no da ningún problema.
“Falta una legislación que despenalice de forma explícita al personal no sanitario que use un DEA”
En los aeropuertos de AENA, en el lugar donde se han instalado estos aparatos, hay un cartel con fondo verde y un corazón blanco atravesado por una flecha verde y con las siglas DEA -AED en inglés-, el signo universal de estos dispositivos. Además, los desfibriladores tienen que estar a la vista. A veces, de manera errónea, se colocan en espacios como un despacho, donde no están visibles para los usuarios. Todo el personal de los centros donde se instalan debe saber dónde están y deben estar visibles.
Se puede indicar no solo que está el aparato, sino cómo llegar a él, con flechas que marquen la dirección.
Es deseable que se despenalice de manera explícita el uso del desfibrilador por parte de personal no sanitario, como en Estados Unidos, Japón y otros países europeos, donde una persona con cualquier nivel de formación puede utilizarlo, para que ante un paro cardiaco, cualquiera que sepa dónde se encuentra el dispositivo pueda utilizarlo.
La implantación de desfibriladores o DEA es aún una asignatura pendiente en numerosos espacios públicos, a pesar de que se han dado algunos pasos para paliar su déficit en España. El proyecto “La implantación de desfibriladores en zonas públicas: protocolos de uso y recomendaciones” señala los nuevos pasos que deben seguirse para incrementar la presencia y utilización de estos dispositivos en nuestro país. Este análisis ha sido impulsado por la Fundación Gaspar Casal, en España, con el asesoramiento y la supervisión del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERP) y el apoyo de la compañía Philips.
La elaboración y presentación de este estudio supone un llamamiento público para que la Administración escuche las necesidades respecto a su implantación en España. El año pasado, el CERP ya se reunió con la comisión de Sanidad del Senado para transmitir sus preocupaciones y visión de las soluciones. “Por un lado, queremos mejorar la percepción de los políticos sobre estos desfibriladores y, por otro, de las empresas y empresarios”, comenta Juan B. López Messa.
Sobre estos últimos, López Messa remarca que “otro punto muy importante es intentar transmitir a los responsables de establecimientos con afluencia de público, como hoteles, restaurantes, centros comerciales o entidades más grandes como RENFE, que el DEA es un dispositivo sencillo de manejar, que salva vidas y que aporta un valor añadido para su empresa o negocio”. Supone para los clientes otro elemento de seguridad, junto con los extintores, “solo que es un sistema de cardioprotección”.
