El 20 de julio las autoridades belgas comunicaban, a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF), la detección de contenido elevado de fipronil en huevos procedentes de Holanda. Es entonces cuando empiezan a tomarse medidas para controlar que no entren más de estos huevos en la cadena alimentaria de Bélgica ni de ningún otro país. El problema: Bélgica tenía conocimiento del asunto un mes y medio antes, pero no alertó a las autoridades sanitarias en aquel momento. Desde entonces, esta crisis alimentaria ha ido creciendo, ha cruzado fronteras europeas y ha causado tensiones entre distintos países. El artículo explica cómo ha funcionado la trazabilidad en este caso y por qué es necesario perseguir el fraude alimentario.
Este verano se han retirado del mercado millones de huevos en distintos países europeos después de descubrirse que algunos estaban contaminados con fipronil, un insecticida de uso común en veterinaria pero prohibido para animales destinados a consumo y para limpiar y desinfectar jaulas de gallinas productoras de huevos. El fipronil está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «tóxico moderado». Hasta el momento, los huevos contaminados se han detectado en 40 países, incluidos los 24 de los 28 estados miembros de la UE (no están afectados Lituania, Portugal, Chipre y Croacia). A pesar de la alarma, y según los datos sobre la toxicidad de esta sustancia y las concentraciones detectadas y teniendo en cuenta los hábitos de consumo, el riesgo sobre la salud parece ser bajo, pues se calcula que un adulto tendría que ingerir diez huevos al día para sufrir efectos, según la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (Anses). La presencia de residuos de fipronil está relacionada con el uso fraudulento de esta sustancia para el tratamiento de insectos en aves de corral.
La trazabilidad funciona
En la Unión Europea, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) se creó en 1979. Este método permite compartir información entre sus miembros, es decir, entre las autoridades nacionales de seguridad alimentaria, la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los Estados miembros tienen la obligación legal de notificar de inmediato al RASFF si tienen información de amenaza para la salud humana. Este procedimiento posibilita que, cuando un país detecta un alimento en mal estado, lo pueda comunicar al RASFF. Las agencias de seguridad alimentaria de los distintos países reciben la información y empieza una labor de coordinación para saber qué partidas están afectadas y si han entrado o no a la cadena de producción.
En cuanto se ha notificado la alerta de los huevos contaminados, los países europeos han podido localizar, a través de los códigos de huevos, las partidas sospechosas
Es lo que ha sucedido con la crisis de los huevos: en cuanto se ha puesto la alerta, los países han podido saber, a través de los códigos de los huevos, si se habían importado partidas sospechosas. En este caso, el sistema de identificación y trazabilidad de los huevos ha permitido localizar, además, las explotaciones de origen y su distribución y, por tanto, proceder a retirarlos de la comercialización y avisar a los consumidores. Además de la distribución de huevos y ovoproductos a países europeos, también se ha detectado el reparto a terceros países como Hong Kong y Líbano.
En España es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) la que recibe las comunicaciones del RASFF e informa, a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma.
Si bien la localización de los huevos se hace a través del proceso de trazabilidad, una de las preocupaciones es que los huevos contaminados hayan entrado en la cadena alimentaria a través de productos procesados como galletas, pasteles y ensaladas. Mediante este sistema de control, se aplican medidas tanto sobre las granjas de producción como sobre los huevos y otros productos que puedan estar afectados, se bloquea la producción de estas granjas, se localiza y se retira del mercado.
Control al fraude alimentario
El problema de la crisis de los huevos con fipronil ha sido que la voz de alarma se ha dado con mucho retraso. Si bien a finales de noviembre de 2016 ya se tenía conocimiento del asunto, no fue hasta el 20 de julio cuando Bélgica avisó al sistema de alerta rápida. La mezcla del pesticida fipronil con productos de granjas para limpiar se considera un acto fraudulento y, según los expertos, los efectos sobre la salud de los consumidores son poco probables. Se trataría, por tanto, de fraude alimentario.
A pesar de la rapidez con la que se actúa a través del RASFF, a veces, como en el caso de los huevos contaminados, se producen ciertos fallos en la coordinación que dificultan la labor de control para la que está diseñada esta herramienta europea. De ahí que la Comisión Europea tenga previsto reunirse el 26 de septiembre con ministros y representantes de las autoridades de los países afectados para evaluar la situación y estudiar medidas de mejoramiento del RASFF. Uno de los fallos reconocidos por Holanda en esta crisis ha sido el hecho de que se produjeran «errores de comunicación» que no han permitido «actuar más rápido».
La crisis de los huevos contaminados ha vuelto a mermar la confianza del consumidor hacia la seguridad de los alimentos y su control y ha ocasionado numerosas pérdidas económicas al sector. Vytenis Andriukaitis, comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, lo reconocía al afirmar que, aunque el riesgo para la salud es bajo, «sí ha tenido un gran impacto en la confianza del consumidor», al que deben darse explicaciones y asegurarles que estas acciones son castigadas.
