Después de que la agencia de seguridad alimentaria británica (FSA) alertara, el pasado 28 de febrero, de la presencia de Sudan 1 en alimentos, sustancia prohibida en la UE para uso alimentario, continúa abierta la controversia respecto a la actitud de los responsables más directos de la crisis. Mientras las autoridades han seguido engrosando la lista de sustancias prohibidas (ahora son ya 580 los productos retirados, según la FSA), se han incrementado también las críticas sobre la efectividad del control de los alimentos.
Hace poco más de quince días las autoridades sanitarias británicas alertaban de la detección en alimentos de la sustancia Sudan 1, un tinte rojo utilizado como colorante en aceites, ceras, petróleo y abrillantadores de suelos y calzado. La International Agency for Research on Cancer (IARC) clasifica esta sustancia en el Grupo 3 de su lista, que corresponde a los «agentes no clasificables por lo que hace referencia a su carcinogeneidad para los seres humanos».
Según los expertos, los efectos carcinógenos de esta sustancia, que se ha encontrado en la salsa aromatizante Crosse and Blackwell Worcester Sauce, han quedado demostrados en ratones. Así, roedores que han recibido 30mg/kg de Sudán I durante dos años han desarrollado, al cabo de unos meses, tumores malignos. Las investigaciones hechas hasta ahora no han permitido, sin embargo, conocer los efectos reales del Sudan 1 sobre el organismo humano.
Mientras el sector industrial evalúa los gastos de esta crisis (las pérdidas podrían llegar a los 143 millones de euros), las asociaciones de consumidores británicas ya la han calificado como una de las mayores de los últimos años. Respecto a quién debe carear las responsabilidades de esta crisis, la Comisión Europea admite que «ciertos operadores industriales no han afrontado sus responsabilidades y limpiado sus stocks de materias primas», reconoce el comisario de Salud y Protección al Consumidor, Markos Kyprianou, que argumenta que algunos industriales «han preferido dar salida fraudulenta a partidas de un producto peligroso adquirido antes de su declaración como tal, haciendo caso omiso de la legislación en vigor y del peligro potencial para los consumidores».
Crisis abierta
La crisis del Sudan 1 ha puesto en duda los controles en la industria alimentaria y el desconocimiento de la regulación comunitariaLa reciente detección del Sudan 1 pone en evidencia el cumplimiento que la Unión Europea impone desde julio de 2003 sobre la necesidad de que todos los polvos de chile estén exentos de esta sustancia y de que, en caso que la contengan, lleve una certificación expresa. La empresa Premier Foods, una de las principales productoras de alimentos del Reino Unido, asegura que la crisis podría haberse motivado por el uso, por parte de los operadores, de viejas partidas compradas antes de julio de 2003. Ahora, son «las compañías de alimentación involucradas las legalmente responsables de informar a las autoridades sanitarias británicas, de retirar los productos contaminados y de informar a los consumidores», asegura, John Bell, director ejecutivo de la FSA.
Esta información, que se ha traspasado al Grupo de Trabajo de Contaminantes de la UE (WGAC, en sus siglas inglesas), declara que sólo se han detectado 3mg/kg de Sudan 1 en la salsa Worcester y 80mg/kg en el polvo de chile usado en otra salsa cuyo nombre no ha trascendido. Según los expertos, suelen utilizarse pequeñas cantidades de salsa Worcester en los productos de alimentación más procesados, debido a su fuerte sabor, lo que hace que la cantidad de Sudan 1 que pueda llegar al plato de los consumidores sea muy pequeña.
La Red de Alerta Rápida de la UE (RASFF, en sus siglas inglesas) ha extendido la alarma a otros países, como Canadá, Irlanda, Francia, Italia, Grecia, Bélgica, Austria, Suiza, Malta, Estados Unidos, Chipre y Países Bajos. Según New Scientist, la lista de países que podrían haber recibido productos contaminados es de 15. La citada publicación argumenta que los datos científicos sobre la carcinogeidad del Sudan 1 no se han actualizado desde hace años.
Orientaciones comunitarias
Uno de los puntos débiles que han quedado reflejados en esta crisis ha sido, según las autoridades comunitarias, el desconocimiento, por parte de los operadores de alimentos, de la legislación alimentaria. Por este motivo, la Comisión Europea ha publicado orientaciones comunitarias, que se inscriben en el reglamento (CE) nº 178/2002 sobre la legislación alimentaria en general. Las conclusiones del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de la Sanidad Animal parte de cinco aspectos clave: la responsabilidad; la trazabilidad; la retirada, recuperación y notificación por parte de los explotadores de empresas alimentarias; la importación de alimentos y, por último, la exportación.
«La principal lección de esta crisis para la industria alimentaria debe ser la de mostrar la necesidad de respetar la implementación de los principios fundamentales de las leyes alimentarias, como la aplicación del sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP), destinado a garantizar la inocuidad de los alimentos», señala el Grupo de Trabajo de Contaminantes de la Unión Europea.
Desde enero de 2005, los responsables comunitarios han reforzado este sistema con el fin de ayudar a todos los agentes que participan en la cadena alimentaria, de manera que puedan comprender mejor el Reglamento y aplicarlo de manera correcta y uniforme. Una de las recomendaciones que hace el documento presentado ahora, que no tiene valor jurídico, hace referencia a los explotadores de empresas alimentarias, que deben asegurar, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de los alimentos.
Otro punto reforzado es el de la trazabilidad, esencial para poder proceder a retiradas específicas y precisas de productos, o bien informar a los consumidores. En el caso del Sudan 1, las investigaciones hechas hasta ahora han permitido concluir que el chile contaminado había sido importado desde la India en 2002. Pese a las medidas adoptadas, un estudio reciente concluye que «sólo el 10% de los profesionales de la industria alimentaria» conoce estas medidas.
El pequeño comercio es el que sale más mal parado de todo ello, aseguran desde la empresa británica RQA, dedicada a la formación de profesionales de la industria alimentaria. Según los expertos, algunos de los productos retirados hace unos días «podrían estar todavía presentes en algunas estanterías de tiendas pequeñas».
La detección en el Reino Unido de una sustancia ilegal utilizada como colorante ha hecho resurgir el tema de los aditivos alimentarios, sustancias que se incorporan a los alimentos con finalidades diversas. Del conjunto de aditivos, los colorantes son los que se adicionan a los alimentos para proporcionar, reforzar o varíar su color. Una de las mayores polémicas que suscitan estos productos es que suelen considerarse aditivos de dudosa utilidad ya que no mejoran la calidad del producto con respecto a su conservación.
Actualmente, la Unión Europea tiene autorizados unos 300 aditivos (colorantes, conservantes y aromatizantes, entre otros), aunque sólo se emplean de forma habitual unos 125, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA). Todos los aditivos alimentarios legales deben estar avalados por un informe positivo emitido por el Comité Científico de la Alimentación Humana, órgano que sólo admite a estudio las sustancias previamente aprobadas por la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las valoraciones de los expertos se basan en la revisión de todos los datos toxicológicos disponibles, a partir de los cuales se determina un nivel dietético máximo del aditivo, que no tenga efectos tóxicos demostrables. Dicho contenido es el denominado «nivel sin efecto adverso observado» (NOAEL), que sirve para determinar la cantidad de «ingesta diaria admisible» (IDA), que es la cantidad de un aditivo alimentario que puede ser consumida en la dieta diariamente, sin que represente un riesgo para la salud.
En India, el Sudan suele utilizarse para imitar el color del pimentón, y no entraría en la lista de aditivos aprobados hasta ahora. Los expertos identifican el problema como un fraude al utilizar un compuesto químico cuyos efectos cancerígenos han quedado probados en ratones.
