La crisis sufrida en el Reino Unido en 2003 tras la detección en alimentos de la sustancia Sudán I, un colorante prohibido y perjudicial para la salud, aún está muy presente entre las autoridades del país. Bajo supervisión de la Agencia de Seguridad Alimentaria británica (FSA, en sus siglas inglesas), un grupo de expertos acaban de presentar un informe en el que, basándose en las experiencias vividas durante la crisis, apuestan por crear nuevas herramientas de control en toda la cadena alimentaria. Una de las mayores apuestas es crear, entre productores, canales de comunicación con los que poder compartir técnicas e información, y agilizar así la respuesta a posibles incidentes.
Entre mayo de 2003 y febrero de 2005, los productores británicos tuvieron que hacer frente a la retirada del mercado de casi 600 productos tras la detección en una salsa aromatizante de la sustancia Sudán I, que la International Agency for Research on Cancer (IARC) clasifica como «agente no clasificable por lo que hace referencia a su carcinogeneidad para los seres humanos». Entonces, además de ponerse en evidencia la necesidad de nuevos estudios para verificar los efectos reales de esta sustancia en el organismo humano (sólo habían quedado demostrados los efectos cancerígenos en ratones), también se puso en duda la eficacia de los controles en la industria alimentaria y el desconocimiento de la regulación comunitaria.
Una extensa revisión de aquella crisis, llevada a cabo por un numeroso grupo de expertos británicos y que acaba de publicarse ahora bajo el título Report of the Sudan I Review Panel, proporciona ideas para mejorar las actuaciones para hacer frente a crisis alimentarias como las vividas entonces, y que podrían resumirse en «prevención, acción, comunicación». El objetivo es mejorar los procedimientos que se aplican actualmente, como la creación de una base de datos sobre fraudes alimentarios y la consolidación de los sistemas de detección temprana acorde con los requisitos de la legislación europea y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lecciones de una crisis
A pesar de que el Reino Unido ha intensificado la vigilancia en alimentos tras la crisis del Sudán I, aún son necesarias nuevas medidas de control
El incidente del colorante tuvo un impacto importante tanto en la fabricación de alimentos, como en la distribución, la comercialización y las autoridades del país, incluida la FSA. Uno de los objetivos de esta nueva revisión es «explorar la manera de mejorar y proteger la cadena alimentaria», aseguran los expertos en el informe, que fijan además cambios en la legislación destinados a la identificación de riesgos emergentes y a la prevención de futuras posibles crisis. Si bien ya se tenía constancia, en el momento de la crisis, de los riesgos de determinadas sustancias utilizadas como colorantes en alimentos, critican que no se llegaron a identificar «como peligros potenciales» a través del sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP), una herramienta cuyas particularidades deben conocer todos los gestores de la producción de alimentos, y sobre el que buena parte del sector tiene ciertas lagunas en cuanto a su funcionamiento, según el informe.
Fortalecer el conocimiento en este sentido se traduce en facilitar a los procesadores la capacidad para identificar riesgos, establecer sistemas de control y prevenir los incidentes en sus fases más primarias. Una de las mayores dificultades que se pusieron en evidencia durante la crisis fue la capacidad de comunicación entre la FSA y los casi 600.000 establecimientos de comida británicos que no pertenecen a ninguna asociación comercial. El panel de expertos ha propuesto, además, organizar sesiones informativas y prácticas con los responsables de la industria para prepararlos en caso de incidentes importantes de seguridad alimentaria.
Uno de los aspectos más criticados de la crisis fue la lenta reacción de la FSA, y el hecho de que la alarma se hubiera originado en Italia, lo que ponía en entredicho el correcto funcionamiento de los sistemas de alerta británicos. Pero tampoco la industria se escapaba de las críticas, ya que buena parte de asociaciones de consumidores británicas criticaron que «deberían haber sido capaces de detectar el problema» aplicando unas simples pruebas de rutina. Algo que no hicieron y por lo que se saltaban el cumplimiento comunitario de 1995 que prohíbe, a través de la Colours in Food Regulations, el uso de esta sustancia en la UE.
Sudán I y IV, Parared, Rodamina B y Orange II forman parte de uno de los grupos de colorantes cuyo uso en alimentos en la UE está prohibido al ser considerados como sustancias con riesgo de ser tóxicas y cancerígenas. En el segundo grupo se incluye colorantes industriales que han sido identificados por organismos internacionales como tóxicos o cancerígenos (Sudan Red 7B, Metanil amarillo, Auramine, Congo Red, Butter Yellow, Solvent Red I, Naphtol amarillo y Oil Orange SS). En este grupo se incorporan, además, los ilegales en la UE pero que se utilizan en otros países de donde proceden las especias.
En la UE esta lista se actualiza periódicamente, una actualización que desde 1994 cuenta con una norma que establece criterios específicos de pureza sobre los colorantes y que cuentan con el aval del Comité Científico para la Alimentación Humana (SCF). Todo aquel colorante que cuente con autorización lleva asignado un límite de ingesta diaria admisible (IDA) y un número a la letra E, lo que significa que son considerados seguros. En una de las últimas revisiones, realizada el pasado mes de julio, la UE prohibía el uso del aditivo red2g par ala elaboración de hamburguesas y salchichas. Hasta su prohibición, se utilizaba como colorante en estos alimentos, pero varios informes científicos indican que existe la posibilidad de que pueda provocar cáncer ya que se descompone en una sustancia cancerígena llamada anilina.
