La Unión Europea ha anunciado un plan para endurecer la normativa sobre la exposición a las Alemania, tras la detección de animales de granjas avícolas y porcinas contaminados por este tóxico. El escándalo saltó a la luz en diciembre de 2010, cuando las inspecciones en granjas de animales del país detectaron piensos que contenían aceite vegetal industrial contaminado con dioxinas. El incidente obligó a retirar numerosas partidas de huevos y carne de cerdo. Bajo las nuevas reglas, que está previsto que entren en vigor a mediados de 2012, las empresas encargadas de procesar alimentos crudos vegetales y aceites de origen vegetal tendrán que contar con la autorización y registro de la autoridad competente de cada país.
Los consumidores europeos tendrán una mayor protección contra la contaminación por dioxinas con el nuevo reglamento que rige el uso de aceites vegetales crudos. La medida ha contado con una primera aprobación del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, a la espera de que el Parlamento y Consejo Europeos la revisen y validen ante la Comisión. De la mano de la nueva regulación, todos los laboratorios están obligados a alertar a las autoridades sobre los niveles de dioxinas. Además, el etiquetado de los productos deberá mencionar, de forma explícita, el uso previsto del producto para evitar que los no aptos para alimentación animal se introduzcan en la cadena alimentaria. Se prevé, además, que toda la UE incluya el concepto de «riesgo mínimo obligatorio» de dioxinas en el proceso.
Principales medidas
Un plan armonizado establecerá pruebas mínimas obligatorias para dioxinas en función de los riesgos de los productos
En el brote alemán, se detectó un lote de ácidos grasos destinados a fines técnicos que se mezcló con una partida para la producción de alimentos para animales. En este caso, los ácidos grasos elaborados en una empresa de biodiésel se entregaron a una empresa productora de alimentos para animales con un contenido de dioxinas más alto que los permitidos por la legislación comunitaria. La nueva propuesta europea contiene cuatro medidas que se aplicarán en toda la UE para reducir el riesgo de contaminación en la cadena alimentaria.
En primer lugar, todas las empresas de procesado de alimentos crudos vegetales y las de fabricación de productos derivados de los aceites de origen vegetal y las grasas tienen que contar con el permiso de las autoridades competentes para su fabricación. Las grasas destinadas a la alimentación se separarán durante su producción y transporte de las grasas para uso técnico en la dioxinas se forman a partir de procesos de combustión que se depositan en suelos, donde persisten durante años. Una de las vías más importantes de exposición de las personas es la alimentaria. Los expertos calculan que un 90% de la exposición total a estos tóxicos tiene lugar a través de los alimentos. Entre estos, el pescado y los de origen animal son los más involucrados. Las investigaciones sobre los efectos toxicológicos de las dioxinas en la fauna expuesta han demostrado que estos van desde los crónicos a los agudos e incluyen problemas de fertilidad, anomalías en el crecimiento y carcinogenicidad.
Una de las principales medidas adoptadas para reducir la exposición a las dioxinas ha pasado por minimizar la incineración de residuos, considerada una de las primeras causas de formación de dioxinas. Por tanto, para reducir la ingesta humana, deben rebajarse los niveles de la cadena alimentaria. A pesar de las medidas adoptadas para limitar esta exposición, las autoridades comunitarias consideran que es necesario actuar aún más para reducir las emisiones y los efectos perjudiciales para la salud. Para ello, plantean adoptar una estrategia que incluya actuaciones a corto, medio y largo plazo, destinadas a garantizar más seguridad en un plazo máximo de diez años.
Las dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCB) son productos tóxicos persistentes que se acumulan en el medio ambiente y que pueden pasar a la cadena alimentaria. La preocupación sobre sus efectos en la salud de las personas ha obligado a las autoridades sanitarias de todo el mundo a revisar, de forma constante, pautas como la exposición a estas sustancias, los niveles máximos permitidos y los alimentos más implicados. Desde los años ochenta, las acciones legislativas han ido encaminadas a acotar la presencia de estas sustancias en el medio ambiente y, en consecuencia, en las personas.
Gracias a las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años y a los datos epidemiológicos y toxicológicos, se han podido establecer niveles de exposición más seguros para reducir los efectos en la salud humana, sobre todo para los sectores de población más vulnerables, como niños. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) distingue las dioxinas, los furanos y los PCB como tres de los doce contaminantes orgánicos persistentes reconocidos en el ámbito internacional.
