Dependencia en el medio rural

El medio rural es el último de la lista. Aunque cada vez se dan más pasos para conseguir una accesibilidad plena en este ámbito, algunas zonas carecen casi por completo de recursos que faciliten las condiciones de vida a las personas con discapacidad o dependientes. Según la guía elaborada por el Equipo ACCEPLAN del Institut Universitari d’Estudis Europeus “Accesibilidad universal en los municipios: guía para una política integral de promoción y gestión”, las principales barreras son:

• Culturales y sociales, con componentes de “compasión y estigmatización” hacia las personas con discapacidad.
• Vinculadas al entorno urbano, de manera que impiden la “utilización, acceso o disfrute” a determinados edificios.
• Vinculadas al transporte y sistema de movilidad, especialmente, al transporte público diseñado en función de los valores antropométricos y funcionales de “normalidad”.
• Vinculadas a la interacción con el entorno y la utilización de las nuevas tecnologías.

Las personas con discapacidad que residen en el ámbito rural se sienten, a menudo, aisladas. La limitación en la disponibilidad de recursos acentúa la necesidad del autocuidado y el papel de la familia en la atención a este grupo. Precisamente, la Fundación Educación, Sociedad y Salud desarrolla el proyecto “Paciente Experto”, cuyo objetivo es promover el autocuidado de la salud. Este programa, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), está dirigido a pacientes, familiares, cuidadores y profesionales. La propia Organización Mundial de la Salud “recomienda la educación en el autocuidado para prevenir y tratar las enfermedades crónicas”, recuerda la Fundación.

A través de esta iniciativa, pionera en España pero implantada hasta el momento en más de 20 países extranjeros, se imparten cursos gratuitos para especializarse en la atención a personas con enfermedades de larga duración.

El estudio “La discapacidad en el medio rural”, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), revela que en el medio rural residen un millón de personas con discapacidad. Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), este grupo supone el 11,7% de la población mayor de seis años, si bien en el caso de las personas mayores de 65 años la cifra se eleva hasta el 34,3%.

Entre las desventajas que detecta el citado informe, las más importantes hacen referencia al entorno, la telefonía, el acceso a Internet, la participación en actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio, el asociacionismo, la perspectiva de género, el acceso a ayudas técnicas y la propia atención a la dependencia. Al igual que otros estudios, esta investigación llama la atención sobre la inaccesibilidad del terreno y las infraestructuras, la “dispersión” del modelo residencial y la lejanía a los servicios, la “invisibilidad” que surge como consecuencia del aislamiento, la limitación de recursos y la falta de servicios y oportunidades, tanto económicas como sociales, donde se encuentran diferencias “a favor de los municipios de costa y municipios turísticos del interior”.

El estudio, realizado por Javier Charroalde y Daniel Fernández, destaca también la despoblación paulatina a la que se enfrentan cada vez más núcleos rurales, la desatención “total” de la población discapacitada o la existencia de “servicios claramente insuficientes”, la carencia de transporte público adaptado, especialmente taxis, y la imposibilidad de acceso a Internet, que se une a “zonas de sombra” en las que la telefonía móvil carece de cobertura.

Además, se analizan las condiciones de la vivienda rural tradicional, generalmente, poco preparada para garantizar la movilidad de las personas con limitaciones; la pasividad en la participación en actividades sociales y culturales; la “triple discriminación” a la que se enfrentan algunas mujeres por el hecho de “ser mujer, presentar una discapacidad y vivir en zonas de difícil acceso a los servicios”; la falta de equipos multiprofesionales más cercanos a la población rural y protocolos específicos de seguimiento de las personas con discapacidad; la accesibilidad “irregular” en los centros educativos, la dificultad de acceso a las ayudas técnicas; y la ausencia de servicios especializados y apoya a la vida independiente.

El Informe de Resultados 2006 sobre las “Necesidades en el medio rural de las personas con gran discapacidad física y sus familias”, realizado por PREDIF, destaca los ámbitos principales en los que estas personas requieren ayuda. Así, considera necesaria la atención en los desplazamientos, la limpieza del hogar y las compras, y la mejora de la atención sanitaria e inserción laboral. “Aunque un 83,1% de las personas con discapacidad se encuentra en edad laboral, un 63% no ha trabajado tras adquirir la discapacidad y tan sólo un 13% se encuentran trabajando en la actualidad”, señala.

En concreto, el informe se centra en personas con un porcentaje de minusvalía igual o superior al 75%, con necesidad de utilizar silla de ruedas y realizar adaptaciones en la vivienda. Este grupo reside habitualmente en el hogar familiar, en su mayoría son hombres (70%) solteros, con estudios primarios (35,5%), pensionistas por incapacidad (65%) y unos ingresos familiares entre 901 y 1.200 euros al mes. En cuanto al perfil de los familiares o cuidadores, se corresponde con una mujer, generalmente, la madre o la esposa. En la mayoría de los casos, las personas discapacitadas carecen de apoyos profesionales continuados, sólo un 16% se beneficia del servicio de ayuda a domicilio, por lo que son los familiares quienes han de encargarse de su cuidado y atención.

A pesar de que casi un 40% de las personas con discapacidad requiere atención sanitaria adicional, una cuarta parte de los municipios analizados carece de centro de salud y, los que existen, presentan ciertos problemas de accesibilidad o resulta complicado llegar a ellos en transporte público adaptado. Por otro lado, la accesibilidad a los colegios es francamente mejorable, aunque dos tercios de las personas con discapacidad (60%) necesitan adaptaciones parciales o totales en la accesibilidad arquitectónica y urbanística.