Inserción laboral de las personas con discapacidad

La mitad de las empresas españolas (50,4%) no se ha planteado nunca contratar a personas con discapacidad. De hecho, consideran que este grupo conlleva “problemas” dentro de la compañía y su rendimiento es “diferente” al del resto de trabajadores. Ésta es una de las principales conclusiones del I Informe Equipara del Observatorio para la inserción laboral de personas con discapacidad, presentado por la Fundación Equipara. Para llegar a estos resultados, el estudio ha contado con la colaboración de 1.319 empresas de recursos humanos o contratación de personal, seleccionadas entre un universo de 35.113. Entre otros, los requisitos que debían cumplir las compañías seleccionadas eran: contar con 50 empleados o más y conocer la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), así como los procedimientos que se deben seguir para cumplirla. El dato, por lo tanto, es llamativo, puesto que la LISMI exige que todas las empresas con más de 50 empleados reserven el 2% de su plantilla a personas con algún tipo de discapacidad.

No hay duda. La discapacidad supone hoy en día un freno a la contratación laboral. Encontrar un empleo es complicado, pero para 3.528.221 personas lo es más. Todas ellas, según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del Instituto Nacional de Estadística (INE), padecen alguna discapacidad o tienen limitaciones “que han causado o pueden llegar a causar discapacidades”. Lo que es lo mismo: todas ellas son víctimas de unos prejuicios instalados aún en sectores importantes, si bien, reconoce el informe, disminuyen en aquellas empresas que han contado en su plantilla con personas con discapacidad.

Los datos son similares a los recogidos en el “Estudio de situación actual del entorno empresarial respecto a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Conceptos, percepciones y actitudes”. Editada por la Fundación ONCE y la Fundación Manpower, la investigación está realizada a partir de 1.500 encuestas a directivos de empresas. Entre sus conclusiones, confirma que las “barreras psicosociales” de empresarios y directivos son “el principal escollo con el que se encuentran las personas con discapacidad para conseguir su inserción laboral”. Sus prejuicios más frecuentes son que estas personas “no pueden ocupar cargos de relevancia, ni trabajar de cara al público, ni ostentar puestos que requieran esfuerzo físico”. No obstante, en la misma línea que el estudio anterior, asegura que los prejuicios desaparecen cuando las personas con discapacidad pasan a formar parte de la plantilla. De hecho, la mayoría de las empresas que tuvieron empleados con discapacidad afirmó que repetiría la experiencia.

Sin embargo, el desconocimiento tiene otras consecuencias. Las empresas no sólo ignoran la valía de las personas con discapacidad, sino que tampoco son conscientes de las ventajas e incentivos fiscales que podrían obtener si contrataran a estos trabajadores. La normativa concede subvenciones y ayudas a las empresas que apuestan por la eliminación de barreras o contratos a tiempo completo, entre otras cosas.

El primer obstáculo con el que se topan las personas con discapacidad es el proceso de selección ¿Por qué? “Es una búsqueda más específica, lenta y complicada”, afirma el estudio de la Fundación Equipara. El contacto entre la empresa y la persona se produce, en su mayoría, cuando la primera muestra voluntad o se anima a cumplir con lo que marca la ley, vigente desde 1982. “El escaso cumplimiento de la LISMI se ve favorecido por un porcentaje excesivamente bajo de empresas que han sido inspeccionadas”, denuncia el informe. Para justificar su pasividad, los empleadores argumentan la ausencia de candidatos que cumplan los requisitos (30,8%), falta de información sobre las entidades a las que recurrir (25,6%) o falta de información sobre puestos que pueden desarrollar (19,7%), señala la Fundación ONCE.

En lo que concierne a los afectados, aseguran tener miedo a acudir a las entrevistas porque no se sienten preparados para desempeñar las tareas que se les encomendarían. Como resultado: sólo el 7% de las compañías cumple la LISMI, a pesar de que el 77% de los empresarios con trabajadores discapacitados afirma que responden igual que el resto de los empleados. En este contexto, es necesario que ambas partes hagan un esfuerzo por entenderse y salvar unas estadísticas que, hoy en día, están desequilibradas. Mientras que el 28,5% de las personas con discapacidad ocupa un puesto de trabajo, la cifra de trabajadores sin minusvalías alcanza el 62,4%.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propuso recientemente elevar del 5% al 7% el cupo de reserva del empleo público. El 2% de las plazas para personas con discapacidad intelectual. Otras medidas que defiende son: pruebas independientes para las plazas reservadas a personas con discapacidad, preferencia y mayor cupo a las vacantes más compatibles con la posible concurrencia de una discapacidad y establecer el mismo cupo para cubrir puestos de personal laboral o interino y en las pruebas de promoción profesional.

Ni el empleo con apoyo ni la reserva de plazas parecen, de momento, totalmente eficaces para equiparar las cifras de trabajadores con y sin discapacidad. Ni siquiera los portales web de empleo, una herramienta que podría resultar muy útil, están preparados como sería deseable. El “Informe de Accesibilidad en los Portales Web de Empleo”, realizado por Technosite (perteneciente a la Fundación ONCE), los suspende en su aplicación de los criterios de accesibilidad. Tras una evaluación técnica a 15 portales de empleo, el estudio ve la necesidad de mejorar la accesibilidad en temas como descripción de imágenes, etiquetado de formularios o uso de marcos. Para el próximo año, la Fundación ONCE ha anunciado que pondrá en marcha un portal dedicado a la búsqueda de empleo para personas con discapacidad.

Cuando una persona con discapacidad accede a un empleo, aumenta su autonomía y mejora su integración social. La exclusión laboral no sólo implica un desequilibrio económico, sino que aleja del contacto con otras personas y de la posibilidad de dar a conocer una imagen, a menudo, distorsionada. Quienes trabajan con personas discapacitadas destacan que tienen gran espíritu de superación, son “metódicas, ordenadas, responsables y muy fieles a la empresa”, revela la Fundación Equipara. Los trabajadores con discapacidad están, en general, muy bien considerados. Sus resultados laborales son “altamente satisfactorios” y los empleadores “no consideran que supongan un problema añadido”.

Impulsado por el Grupo Fundosa (creado por la Fundación ONCE en 1989), el Programa Inserta se plantea “promover y posibilitar la integración socio-laboral plena” de las personas con discapacidad. Mediante convenios de colaboración con cerca de 30 empresas, esta iniciativa insta, entre otras cosas, a promocionar tanto la inserción laboral directa de personas con discapacidad, como su formación e integración laboral indirecta a través de la compra de bienes o servicios a centros especiales de empleo que colaboren con la ONCE y su Fundación.

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) surgieron en 1985 para dar trabajo a las personas con discapacidad. “Son empresas promovidas principalmente por asociaciones de personas con discapacidad y/o sus familiares, sin perjuicio de que cualquier persona física o jurídica pueda constituir uno”, explica la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM). Para obtener la calificación de CEE, como mínimo, el 70% de la plantilla debe estar compuesto por trabajadores con discapacidad. Estos centros desarrollan actividades muy diversas, incluida la producción de bienes y la prestación de servicios. “De hecho, en algunos sectores como lavandería industrial, son líderes absolutos”, asevera la Federación. En total, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) tiene contabilizadas 32.747 personas con discapacidad que trabajan en los 1.095 centros del país.

Desde la aprobación de la nueva Ley de Empresas de Inserción, éstas tienen derecho a recibir ayudas y bonificaciones por la contratación de personas en situación de exclusión social o con dificultades especiales para acceder a un empleo, entre ellas, las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Se trata de empresas que permiten realizar un aprendizaje en un entorno laboral real. El primer estudio sobre la situación de estas empresas en España, elaborado por la Fundación Un Sol Món, revela que actualmente existen 189 empresas de inserción, que dan empleo a más de 4.000 personas. La mayoría se crearon a partir de 1999, siendo Cataluña (29%) y País Vasco (26%) las dos comunidades autónomas punteras. Por sectores, destacan las empresas dedicadas a la recogida y reciclaje, construcción, jardinería, comercio y restauración. Por otro lado, según el estudio, más de la mitad (58%) asegura que cierra el año con beneficios.

El SIDE o Servicio de Información Directa a Empresas es una iniciativa de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). Se trata de un servicio gratuito de atención telefónica a empresas y empleadores, que informa y asesora en temas relacionados con la contratación, selección de personal, intermediación laboral, autoempleo, adaptación de puestos de trabajo o cuota de reserva. El asesoramiento es personalizado y ajustado a las necesidades de cada usuario. El número de teléfono donde se puede consultar es 900 50 24 76.

El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, regula el cumplimiento, con carácter excepcional, de medidas alternativas a la cuota de reserva. La excepcionalidad se da cuando, después de efectuar todas las gestiones de intermediación necesarias, los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación no pueden atender la oferta de empleo de una empresa porque no existen demandantes de empleo con discapacidad, porque estos acreditan no estar interesados en las condiciones de trabajo que se les ofrece o porque se dan circunstancias especiales que dificultan su incorporación al empleo. Las medidas, obligatorias para empresas con más de 50 trabajadores que no cumplen con la cuota de reserva, son:

• La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para la empresa, así como para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
• Realización de donaciones y acciones de patrocinio, de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo para personas con discapacidad, siempre que la entidad beneficiaria sea una fundación o una asociación de utilidad pública.
• La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo.