Cada dos años, el Informe Olivenza, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, radiografía la situación de las personas con discapacidad en España. Analiza los avances y retos en el ámbito de la sanidad, ocio inclusivo, accesibilidad, empleo o educación, entre otros factores. El último estudio se acaba de publicar y las conclusiones destacan progresos pero, una vez más, exigen más cambios.
En el estudio, publicado a comienzos de enero, se toma como período de referencia el bienio 2008-2009. No obstante, el informe cuenta con los datos recopilados en la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD) realizada en 2008, además de algunos datos disponibles referidos a 2010. Se dibuja la situación de 4,1 millones de personas con discapacidad, que viven en domicilios particulares o en centros residenciales.
Por sexos, en los últimos años se ha hecho hincapié en la situación de las mujeres con discapacidad por ser mayoría (2,5 millones frente a 1,6 millones de hombres), enfrentarse a más casos de discriminación y residir en buena parte en el hogar familiar (2,3 millones frente a 1,5 millones de hombres). Respecto a los niños, son más de 60.000 los menores de 5 años con alguna limitación. En esta franja de edad, los niños (60,3%) superan a las niñas (39,7%).
Uno de cada tres niños de 0 a 5 años con limitaciones no recibe ningún tipo de ayuda personal o técnica
En el caso de los pequeños, es fundamental la atención temprana, pero apenas el 56,6% participa en alguno de estos programas o en otros de estimulación o logopedia. Se estima que el 34,9% de los niños de 0 a 5 años con limitaciones -uno de cada tres- no recibe ningún tipo de ayuda personal o técnica, mientras que el 37,6% recibe asistencia o ayuda personal, un 7% se beneficia de ayudas técnicas y un 15,2%, de ambas ayudas.
Ocho de cada diez cuidadores de estos niños son mujeres entre 30 y 44 años. En tres de cada cuatro casos, es la madre quien se hace cargo. Desde este año, la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores reconoce una nueva prestación de la Seguridad Social para los padres trabajadores que deban cuidar de menores con cáncer o enfermedad grave. Los requisitos para el acceso a la nueva prestación son los mismos que los establecidos para la maternidad contributiva: estar afiliado a la Seguridad Social y tener cubierto el periodo de cotización mínimo requerido.
Ley de dependencia
Una normativa básica en este contexto es la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que por primera vez garantiza una serie de servicios y prestaciones, aunque su puesta en práctica no ha obtenido los resultados esperados. Más del 26% de las personas dependientes que tienen derecho a recibir prestaciones y servicios no ha accedido todavía a estos beneficios, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). «De los 888.962 dependientes, 234.463 esperan que las administraciones autonómicas les aprueben un Plan de Atención Individual (PIA), imprescindible para asignar un tipo de servicio», señala.
«Llama la atención la escasa asignación de la prestación de ayuda a domicilio»
El estudio reconoce que la Ley «es el avance más significativo en protección social», aunque a finales de 2009 se registraban «importantes diferencias territoriales en su nivel de desarrollo» y «llama la atención la escasa asignación de la prestación de ayuda a domicilio», pese a que se consideró que sería, afirma el estudio, «la prestación más importante». A 1 de septiembre de 2010, el número de personas a la espera de determinar el Programa Individual de Atención (PIA) había experimentado una reducción discreta -de unas 18.000 personas desde enero-.
Retos y oportunidades para el empleo
Otros factores, como el nivel educativo, se revelan inferiores en las personas con discapacidad: el nivel formativo del 84% de las personas con 25 o más años no supera la Enseñanza Secundaria Obligatoria (frente al 53,7% entre las personas sin discapacidad). De nuevo, por género, el nivel educativo de las mujeres es inferior al de los hombres. Este dato cobra interés respecto al acceso al mercado laboral, puesto que la formación es un factor que influye en buena medida.
En 2008 se contabilizaban 1,48 millones de personas con discapacidad en edad laboral -entre 16 y 64 años-, pero de ellas trabajaban 419.300. Otras 106.800 estaban en situación de desempleo y el resto se dividían entre pensionistas, estudiantes, amas de casa u otras situaciones. Al comparar estos datos con los de las personas sin discapacidad, las diferencias son claras: la tasa de actividad en personas con discapacidad es del 35,5% (75,2% entre personas sin discapacidad), la tasa de empleo llega al 28,3% (frente al 67,2%) y la tasa de paro asciende al 20,3% (frente al 10,6%).
Si bien la crisis afecta a todos los ámbitos de la economía y favorece el aumento de la tasa de desempleo en general, en proporción, ésta es mayor entre las personas con alguna limitación. El acceso al mercado de trabajo supone «un elemento clave para la plena integración social y el desarrollo de una vida diaria en igualdad de condiciones», subraya el informe, por lo que se consideran fundamentales las medidas que lo impulsen.
Entre éstas, se destaca la aplicación de la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, cuyo objetivo es «mejorar la calidad en el empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad». Su aplicación ha permitido un plan extraordinario de mantenimiento y fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad, mediante subvenciones y ayudas, el incremento de la cuota de reserva en el acceso al empleo público y modificaciones impositivas que benefician a las personas con discapacidad en los impuestos directos e indirectos.
También se bonifican los contratos indefinidos de las personas con discapacidad y el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social que pagan los centros especiales de empleo, se han destinado subvenciones para afrontar el coste salarial de los puestos, sobre todo, de trabajadores con especiales dificultades de inserción laboral y se han aprobado facilidades para que los padres autónomos contraten como trabajadores por cuenta ajena a los hijos mayores de 30 años que convivan con ellos, además de otras medidas centradas en la jubilación anticipada.
Ocupa el segundo capítulo del informe. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha supuesto un gran avance y, por ello, se ha adaptado al marco jurídico español tras su ratificación el 3 de mayo de 2008. Ésta supone “un sistema efectivo de protección” de los derechos fundamentales, ya que, hasta este momento, la propia Constitución española cuenta con una única disposición relativa a los derechos de las personas con discapacidad, recogida en el Artículo 49.
Durante la presentación de este informe, se adelantaron los pasos que se darán en 2011. Las principales novedades se centrarán en la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, un Anteproyecto de Ley de Reforma de las leyes de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Órganico del Ministerio Fiscal relativo a procedimientos de incapacitación, un proyecto de real decreto sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación de entornos, productos y servicios para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, así como un proyecto de real decreto para mejorar la coordinación entre servicios sociales y servicios públicos de empleo en los procesos de inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Además, se prevé regular el Etiquetado Braille, una Estrategia integral española de cultura para todos, un Plan de Acción de juguetes para todos, un Estudio integral de necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito rural y el refuerzo de la perspectiva de género.
