El 22 de noviembre, FEAPS convocó movilizaciones en todo el país para reclamar que no se dé “ni un paso atrás en los derechos de las personas con discapacidad intelectual“. Su director, Enrique Galván, recuerda que son personas “con los mismos derechos y deberes” que el resto. Sin embargo, lamenta que la crisis les afecte de manera especial y que, para ellas, perder el empleo o las ayudas a los programas y servicios de los que se benefician en las organizaciones les suponga un mayor riesgo de exclusión social. Galván reclama por ello el compromiso de la Administración “para garantizar unos servicios sociales mínimos y de calidad”; la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad; el cumplimiento de la cuota de puestos de trabajo reservados a personas con discapacidad; y la apertura de las organizaciones a nuevas formas de colaboración con otros agentes sociales.
Ante todo, son personas como el resto, con los mismos deseos y ambiciones, con las mismas ganas de aportar a la sociedad, de relacionarse con el entorno y, sobre todo, que quieren tener de manera efectiva los mismos derechos y deberes. Dicho esto, son personas con una serie de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, lo que implica limitaciones en las habilidades que aprendemos para funcionar en nuestra vida diaria. Por otro lado, está comprobado que parte de la discapacidad también se encuentra en la sociedad, ya que entornos más accesibles y apoyos determinados reducen gran parte de la discapacidad intelectual de estas personas.
“Las personas con discapacidad intelectual están adquiriendo la responsabilidad de reivindicar por sí mismas el pleno ejercicio de su ciudadanía”
Afortunadamente, cada vez cuentan con más apoyos. Por un lado, tienen el respaldo de sus familias y organizaciones, que han tomado conciencia de la importancia de reivindicar sus derechos por encima de la caridad y que cuentan con mayor experiencia para ayudarlas. Por otro lado, y este es quizá el mejor de los síntomas, estas personas están adquiriendo la responsabilidad de reivindicar por sí mismas el pleno ejercicio de su ciudadanía, no solo en lo que respecta al cumplimiento de sus derechos, sino también a la asunción de responsabilidades y toma de conciencia del papel que pueden jugar en la sociedad. Es una contribución que debemos agradecerles, porque no lo tienen nada fácil.
Lo mismo que con el resto de trabajadores, pero con mayor gravedad. En el caso de ser una persona con discapacidad intelectual, no solo renunciarías a tener un trabajo, y con ello a un medio de subsistencia, sino que es probable que también renunciaras a un círculo de relaciones con el entorno y un medio de inclusión social en la comunidad. Esto quiere decir que, en este caso, dejar de tener trabajo puede suponer un riesgo claro de exclusión, que te condenaría a vivir prácticamente recluida en casa y a no relacionarte más allá de tu entorno familiar.
“La falta de apoyos de las administraciones públicas pone en riesgo de exclusión a las familias”
Buena pregunta porque, con la crisis económica, los recursos son cada vez más escasos: las ayudas a las personas dependientes se han paralizado y, en el caso de las personas con discapacidad intelectual con mayor grado de autonomía, prácticamente se bloquean. Esta falta de apoyos de las administraciones públicas, no solo económicos sino también de recursos asistenciales, pone en riesgo de exclusión a estas familias. Al sobreesfuerzo que soportan, se añade que cada vez tienen menos apoyos y ayudas, junto con otras medidas de recorte y de cofinanciación que deben asumir porque afectan al resto de la población.
En el ámbito educativo, los recortes han hecho que se incremente el número de alumnos por aula. Esto supone un perjuicio para los alumnos con mayores necesidades de apoyo que estudian en centros ordinarios. A su vez, provoca que para garantizar estos apoyos, algunas familias opten por trasladar a sus hijos a centros de educación especial, aunque no fuese su primera opción. En resumen, esto generará nuevas situaciones de segregación y de discriminación.
Por otra parte, en el ámbito laboral, los trabajadores con discapacidad intelectual, tanto de empresa ordinaria como de centros especiales de empleo, ven peligrar su derecho al empleo por falta de respaldo presupuestario de las subvenciones a la contratación y de retrasos en los pagos a estos centros, que hacen muy difícil su viabilidad y competitividad.
Los recortes también afectan a los servicios de atención temprana. Estos son servicios absolutamente necesarios para evitar en el futuro situaciones de dependencia severa, de falta de inclusión, de personas con más necesidad de cuidados asistenciales que aportarán poco valor con su trabajo y familias mucho más estresadas.
“Las entidades sufren retrasos e impagos de contratos firmados con las administraciones públicas superiores a 73 millones de euros”
Cada vez es más difícil que puedan cumplir su papel de apoyo. Por un lado, sufren una serie de retrasos e impagos de contratos firmados con las administraciones públicas que, según los últimos datos recogidos por nuestras entidades en junio de 2012, supera en toda España la cifra de 73 millones de euros.
La falta de respaldo presupuestario de las subvenciones a la contratación de personas con especiales dificultades de empleabilidad, que han descendido un 30%, puede hacer que 30.000 trabajadores con discapacidad intelectual o del desarrollo se vean abocadas al desempleo. A esto se suman los recortes e impagos de lo que se debe a los Centros Especiales de Empleo de nuestras entidades de FEAPS y su consiguiente peligro de quiebra por falta de liquidez, deudas a proveedores, pérdida de competitividad, etc. A su vez, la situación en el ámbito laboral afecta a más de 3.500 profesionales de FEAPS, que sufren también recortes y retrasos en el pago de sus nóminas, que en algunos casos alcanzan ya siete u ocho meses.
“Si la Administración Pública no cumple sus compromisos y hace nuevos recortes, muchas entidades se verán abocadas a la desaparición”
La mayoría de nuestras organizaciones están haciendo un sobreesfuerzo por mantener los servicios y programas que apoyan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, en muchos casos, a costa de la implicación personal de los profesionales, personas voluntarias y las propias familias. Unos no cobran aunque trabajan, otros asumen su labor por encima de su compromiso inicial y, en el caso de las familias, endeudan los bienes de la organización y parte de los suyos propios para salir adelante.
Sin embargo, esta situación no es sostenible a medio ni largo plazo. Por tanto, si la Administración Pública no cumple sus compromisos y hace nuevos recortes, muchas entidades se verán abocadas a la desaparición.
Nosotros hablamos del peligro de retroceder en lo que nuestras familias han logrado durante varias generaciones de lucha, en los 50 años de vida de FEAPS: pasar de la concepción de la persona con discapacidad intelectual como un sujeto pasivo susceptible de caridad, beneficencia y compasión, a un sujeto activo con el que contar en la sociedad. Esto en la práctica se traduce en que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo vuelvan a estar recluidas en sus casas y se limiten de nuevo sus oportunidades de relación con la comunidad y, con ello, su ciudadanía plena.
Me remito a lo citado ya: asumirán un mayor sobreesfuerzo económico, que se une al esfuerzo que todos estamos pasando en esta situación de crisis. El pasado 22 de noviembre FEAPS convocó una serie de movilizaciones en toda España para visibilizar el descontento con esta situación y para que nuestras familias y las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclamen el pleno cumplimiento de sus derechos.
FEAPS teme que el actual escenario suponga “la vuelta a la exclusión” de las personas con discapacidad intelectual. Enrique Galván considera que el ejercicio de los derechos y su plena inclusión “está en manos de todos” y, por ello, han realizado un vídeo de sensibilización que se dirige a cada ciudadano, “para que adquiera el compromiso de colaborar en esta inclusión”. Para paliar la situación actual, entre otras cosas, propone:
El compromiso de la Administración para garantizar unos servicios sociales mínimos y de calidad (educativos, sanitarios, de vivienda, etc.) que respondan a las necesidades de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y cada familia. Las organizaciones de FEAPS suplen en la actualidad, “en parte, una función social que tiene que garantizar el Estado” y, por tanto, considera FEAPS, debe asegurar también una financiación suficiente.
Avances del estamento judicial y los poderes públicos en la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2007.
Cumplimiento de las cuotas legalmente establecidas en las empresas para trabajadores con discapacidad, que en el caso de las administraciones públicas es del 2% para personas con discapacidad intelectual, y que se incluya el apoyo a la discapacidad en sus líneas estratégicas de Responsabilidad Social.
Apertura de las organizaciones a nuevas formas de colaboración con otros agentes sociales para diversificar las fuentes de financiación. Además, es necesario mejorar la gestión de los recursos para aumentar la eficiencia y dar una respuesta más ágil a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
