Mientras se habla de rescate e incluso de posible ruptura o salida del euro de algún miembro, otra corriente intelectual cada vez con más adeptos afirma que la verdadera solución para la crisis que se vive en Europa se resolvería con la plena unión bancaria, fiscal y monetaria. El Fondo Monetario Internacional es una de las voces oficiales, junto con Alemania, que aboga por conseguir este escenario. El supervisor internacional opina que la existencia del euro como moneda comunitaria no tiene mucho sentido por sí sola, si no está apoyada en una legislación unificada en materias financieras, monetarias y fiscales. Su percepción es que este hecho ayudaría a frenar futuras crisis o, al menos, a minimizar su impacto y a evitar llegar a situaciones de estrés y máxima tensión. Pero, ¿en qué consistiría caminar hacia la plena unificación de criterios?, ¿cómo afectaría al ciudadano español? Entre otras cuestiones que se citan en el siguiente artículo, una integración haría que todos los países pagaran el mismo IVA e Impuesto de Sociedades, permitiría el lanzamiento de eurobonos y lograría que las primas de riesgo se redujeran.
Pérdida de soberanía
De entrada, conseguir la unión bancaria, monetaria y fiscal supondría que los Estados miembros perderían soberanía en favor del conjunto de la Unión. Las leyes locales desaparecerían, para dar paso a las leyes comunitarias. Numerosos expertos, no obstante, opinan que sería positivo para la mayoría de los países de la UE. Unos ganarían en unos aspectos y perderían en otros. Pero, en general, la integración serviría para lograr una mejor gestión en época de crisis, evitar burbujas en etapas de bonanzas y potenciar una mayor competitividad de todo el continente.
La integración serviría para lograr una mejor gestión en época de crisis, evitar burbujas en etapas de bonanzas y potenciar una mayor competitividad de todo el continente
El principal problema es que para lograr la integración, los políticos deben ser capaces de delegar parte de su poder, algo a lo que no están dispuestos. En Holanda y Austria, dos de los países más intervencionistas, así lo muestran de manera clara. El Fondo Monetario Internacional, sin embargo, cree que es la solución y lo único que justificaría un correcto funcionamiento de la Unión Europea actual. Para el organismo, la supervivencia del euro quedaría garantizada si todos los socios de la UE apoyaran el firme propósito de conseguir la unión en estos aspectos.
Desde el punto de vista político, la integración supondría nombrar un presidente permanente de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del euro que se reuniría de forma regular. Por debajo, se formaría un eurogrupo ministerial, que aplicaría las decisiones de la cúpula y aseguraría su funcionamiento ordinario.
1. Unión fiscal
Conseguir una integración fiscal en Europa supone, de entrada, que todos los países deberían asumir la misma legislación en materia de impuestos. Es decir, que todos los ciudadanos europeos, fueran del país que fueran, pagarían la misma fiscalidad, en algunos impuestos (no en todos). En principio, de lograr la unión en este sentido, quedarían afectados impuestos como el de Sociedades o el IVA. Parece difícil que, de entrada, la integración afectara al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
Ahora, cada país aplica su propia tributación en relación con el Impuesto de Sociedades, que presenta tarifas muy dispares. A cierre de 2011, el tipo impositivo de Malta y Macedonia se situaba en el 35%, el más elevado del continente; el de Francia, en el 33%; el de Italia, en el 31,40%; el de España, en el 30%… Por debajo de ellas están los tipos aplicados en Alemania (del 29,41%) y Noruega o Reino Unido, entre otras, con el 28%. Irlanda abona un 12,50% por el Impuesto de Sociedades y Montenegro, el país con el tipo más bajo, el 9%. La media europea se sitúa en el 24,99%.
En este sentido, si se tendiera a fijar un tipo similar a la media actual, España saldría beneficiada, ya que actualmente su impuesto es más gravoso.
El IVA también podría ser otro de los impuestos afectados en caso de la integración, lo que supondría pasar de aplicar un tipo propio en cada Estado a uno mismo pero con carácter comunitario. Hay mucha disparidad en este tema. En algunos países, como España, hay un Impuesto sobre el Valor Añadido general y otro reducido, distinción que no se aplica en otros países. Los tipos particulares son también muy diferentes: oscilan entre el 25% de IVA que aplica Hungría, al 15% de Chipre y Luxemburgo. En Portugal aplican un impuesto del 23%; en Francia, del 19,6%; en Italia, del 20%; en Grecia, del 23%; en Holanda y Alemania, del 19%…
Si se unificara el IVA en Europa y se decidiera que todos los países impusieran el mismo impuesto, España podría salir perdiendo, ya que su tipo de impuesto general (del 18%) es más reducido que la media (situada en el 20%). Los ciudadanos españoles saldrían perjudicados porque, lógicamente, el IVA unificado sería más alto que el actual. En cualquier caso, lo más probable es que a corto plazo España suba este impuesto, con lo que, en caso de integración, ya estaría situado en torno a la media.
El IRPF no está tan claro que se tocara en caso de integración fiscal europea. Es uno de los impuestos con menos repercusión internacional, con lo que posiblemente cada Estado mantendría su soberanía para decidir sus tipos.
En general, el efecto de una integración fiscal sería positivo para los ciudadanos europeos y, en particular, para los españoles. En España, evitaría prácticas como la fuga de capitales a países con fiscalidad más ventajosa, lo que permitiría generar más riqueza dentro del país.
2. Unión monetaria
Este tipo de integración afectaría, sobre todo, a las políticas monetarias, es decir, a la impresión de billetes (la creación de nuevo dinero) y la concesión de créditos por parte del Banco Central Europeo. La integración monetaria permitiría que el BCE actuara como prestamista de último recurso en caso de que un país concreto necesitara ayuda; es decir, compraría la deuda que un país no pudiera colocar en el mercado. En los últimos meses, ha ayudado a algunos países, con la compra de importantes paquetes de deuda, pero no lo suficiente. La integración monetaria plena le daría más capacidad para actuar como prestamista de último recurso y evitar fuertes subidas en la prima de riesgo de algunos países.
Una de sus principales consecuencias sería que los actuales bancos centrales de cada país perderían poder, en favor del Banco Central Europeo, que alcanzaría una potestad casi total en materia monetaria. En España, por ejemplo, el Banco de España perdería muchas de sus funciones, ya que las ostentaría el BCE.
Otro de los resultados de esta integración sería que haría realidad la emisión de eurobonos, de deuda comunitaria que estaría bajo el paraguas del Banco Central Europeo y no del Tesoro Público de cada país. Esto posiblemente desembocaría en una clara relajación de las primas de riesgo (la diferencia entre lo que debe pagar cada país por colocar sus bonos en el mercado en comparación con lo que abona Alemania).
La integración debería conllevar a que los diferenciales entre los países se equipararan o a que, al menos, fueran muy parecidos.
Para España y los ciudadanos españoles la unión monetaria sería beneficiosa. Ayudaría al Estado a rebajar el coste por colocar su deuda, lo que favorecería rebajar el déficit fiscal. Esto permitiría tener más margen de maniobra para crear empleo, promover inversiones y, en definitiva, reactivar la economía.
3. Unión bancaria
En caso de integración bancaria, todos los bancos de Europa se someterían a una misma regulación. En este aspecto ya se ha avanzado mucho. Europa ha elaborado ya la normativa de Basilea (Basilea I, II y III) que impone criterios unificados para todas las entidades financieras.
La crisis y la nacionalización de entidades por parte de numerosos países (Alemania, Holanda, Irlanda y España, entre otras, han tenido que prestar dinero público a varios bancos privados) han propiciado que en el seno de la Unión Europea se hayan elaborado leyes comunitarias, para que las entidades refuercen su solvencia y sus provisiones. Basilea III camina en este sentido.
La unión bancaria es uno de los capítulos en los que más se ha trabajado. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea ha realizado varios ejercicios de «estrés» con los bancos de varios países (entre ellos los españoles) para evaluar su capacidad para afrontar situaciones difíciles.
La crisis y la nacionalización de entidades por parte de numerosos países han propiciado que en la UE se hayan elaborado leyes comunitarias, para que las entidades refuercen su solvencia y sus provisiones
No obstante, la integración bancaria solo afectaría al plano legal a nivel más elevado. Cada banco, como entidad privada, tendría total libertad para aplicar las políticas comerciales que desee y vender los productos financieros que considere más adecuados, aunque siempre sometidos a las leyes comunitarias. La unión bancaria afectaría sobre todo a la contabilidad financiera, aunque podría imponer restricciones a la comercialización de determinados productos de riesgo, como las participaciones preferentes o determinados estructurados.
Su efecto también sería positivo para los ciudadanos españoles, ya que la integración se realizaría con el objetivo de ampliar la seguridad y supervisión bancaria en todo el continente.
Con la crisis en mente y tal y como ya se ha visto con las últimas normas bancarias europeas, la regulación es cada vez más restrictiva. Está hecha con la intención de que no se vuelvan a repetir los errores y excesos del pasado, como la sobreexposición al sector inmobiliario que han registrado algunos bancos con unas coberturas mínimas.
